Washington, EU.- En un cónclave que pasará a la historia –por el pulso que mantuvieron los 34 países miembros de la Organización Estados Americanos (OEA) contra la tentación de retornar al pasado de las asonadas golpistas en Latinoamérica–, el sistema interamericano cerró filas para conceder un ultimátum de 72 horas al gobierno golpista de Roberto Micheletti para restituir y reconocer incondicionalmente a Manuel Zelaya como el único presidente constitucional de Honduras.

“Condenamos enérgicamente el golpe de Estado, la detención arbitraria y la expulsión del país del presidente constitucional, José Manuel Zelaya” y declaramos que “no se reconocerá a ningún gobierno que surja de esta ruptura inconstitucional”, aseguró la OEA en una resolución de cinco puntos que no ha dejado margen para la duda y muy estrecho margen de actuación para el gobierno golpista de Micheletti quien tendrá que aceptar el retorno incondicional de Zelaya al poder o, en caso contrario, verse obligado a pagar la amarga penitencia que se impone a todo gobierno espúrio.

“De no prosperar esta iniciativa en un plazo de 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el artículo 21 de la Carta Interamericana para suspender a Honduras”, una sanción-provisión que conlleva no sólo la inmediata condena al ostracismo político, sino la inmediata suspensión de las ayudas y créditos concedidos por gobiernos y organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió el sistema interamericano tras una reunión de más de 15 horas en la que los países miembros no dudaron en cuanto a la gravedad de las faltas cometidas por un régimen golpista, sino a los tiempos y severidad de unas sanciones que serán aplicadas sin contemplaciones.

De la intensidad de las negociaciones y consultas dejaban constancia las declaraciones de Thomas Shannon, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, que al final de unas reuniones que oscilaron entre la suspensión fulminante o un ultimátum razonable para el gobierno golpista de Honduras, sólo acertaba a señalar:

“A estas horas ya no sé ni qué…”, dijo un exhausto Shannon, uno de los diplomáticos más experimentados en el difícil arte de negociar con países siempre suspicaces y reacios a las políticas de Washington, mientras se retiraba satisfecho de un cónclave intenso en pasiones y proposiciones que, al final y tras un agotador proceso de negociaciones, prefirió apostar por el justo medio, antes que cerrar el espacio a toda esperanza para la negociación con el régimen golpista de Micheletti.

“Conseguimos que la OEA fuera reconocido como el foro adecuado para dirimir este conflicto y ese es un gran logro”, aseguró la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa.

“Desafortunadamente, como parte de una experiencia histórica (lastrada por las asonadas militares de varias décadas en Latinoamérica), contamos con los mecanismos idóneos en la OEA para salir al paso de este tipo de situaciones”, aseguró Espinosa quien consiguió romper con el impasse creado en el último tramo de las negociaciones para que la OEA se convierta en el foro e interlocutor obligado ante el gobierno golpista de Micheletti para tratar de restablecer el orden constitucional en ese país.

“En el curso de las próximas 72 horas, que se cumplen el próximo 4 de julio, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presentará un informe –sin necesidad de trasladarse físicamente a Tegucigalpa al frente de una delegación como estaba previsto inicialmente–, para decidir si acaso aplicamos por el artículo 21 que suspendería a Honduras de sus derechos y obligaciones en el seno de la OEA”, aseguró Espinosa para poner en perspectiva las opciones que tiene ante sí un gobierno que ha sido aupado al poder por los militares, a contracorriente de la Historia y de los principios democráticos que la OEA no está dispuesta a regatear ante un régimen de manufactura militarista.

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