El pasado miércoles 9 de diciembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció disculpas a los familiares de tres personas desaparecidas en los años 2010, 2011 y 2013, de nombres Christian Téllez Padilla, Jesús Israel Moreno Pérez y Víctor Manuel Guajardo, en los estados de Veracruz, Oaxaca y Coahuila, respectivamente.

En su discurso, el subsecretario reconoció que tanto a los tres desaparecidos como a sus familiares, se les han violado gravemente todos sus derechos humanos, como lo son el de la vida, la integridad y la dignidad. De igual forma y en el mismo discurso, Encinas aceptó que el Estado mexicano ha negado a todos ellos el acceso a la justicia, por consecuencia de la actitud negligente, irresponsable y delincuente que mantenía el Gobierno de México en tiempos pasados, el cual durante años se negó a cumplir con la obligación de atender las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

En ese acto estuvieron también algunos integrantes de las familias de las víctimas, así como los representantes de los estados donde se cometieron las desapariciones; los funcionarios del Gobierno federal e integrantes de organizaciones civiles dedicadas a la procuración y defensa de los derechos humanos.

Por Coahuila y en su representación se apersonó precisamente el encargado de la seguridad, el fiscal General del Estado, el ciudadano Gerardo Márquez Guevara, quien a nombre de la Administración pública estatal ofreció también disculpas a las familias, al tiempo en que se comprometió, a nombre del Gobierno local, a emitir y fortalecer acciones que garanticen la no repetición de las violaciones ya evidenciadas.

En ese tenor y una vez que se le dio la voz a la señora María Hortensia Rivas, madre del coahuilense desparecido, solicitó al Gobierno mexicano que ponga en marcha las recomendaciones hechas por la ONU, pues acusó que a más de siete años de la desaparición de su hijo, persiste la impunidad.

El caso de Coahuila data de julio del 2013, fecha desde la cual Víctor Manuel Guajardo Rivas fue desaparecido en Piedras Negras, por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), grupo creado, por cierto, desde el 2009 por el exgobernador Humberto Moreira. Esta agrupación policiaca comenzó a realizar operativos sin estar contemplada en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Coahuila. Sin embargo y a pesar de ello, operó durante cinco años realizando aprehensiones y consignaciones sin sustento legal y en ocasiones, como es el caso, sin documentar los nombres de los detenidos en las libretas de registro, según lo afirma la recomendación emitida por la ONU.

María Hortensia Rivas Rodríguez afirmó que ese día, sin ninguna orden de aprehensión o presentación, el grupo de policías ingresó por la fuerza a su casa, lo torturó en presencia de su esposa Midiam Iricelda Valdez Cantú e hijos, y se lo llevó en la madrugada a bordo de una camioneta con el logotipo del grupo policiaco pero sin placas.

“Aún hay impunidad, pues mi hijo sigue desaparecido en manos de las autoridades estatales (de Coahuila), aún me siento como el primer día en que ni siquiera me recibían la denuncia. Tenemos autoridades insensibles que no tienen la voluntad para hacer su trabajo. En este tiempo yo he sido investigadora… Continuará.