Ciudad de México.- Entre 2014 y 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha destinado al menos 6 mil millones de pesos al proceso de inhabilitación de ductos afectados por tomas clandestinas, de acuerdo con cifras internas de la petrolera.

El concepto se refiere al costo operativo de cerrar, limpiar, reparar y asegurar los tramos perforados para el robo de combustible, sin contar las pérdidas por hidrocarburos extraídos ni el daño ambiental.

El pico anual más alto se reporta en la Administración de Andrés Manuel López Obrador en 2023, con un total de 787 millones de pesos, aún con la estrategia antihuachicol reportada en su Gobierno.

Cuando se descubren las tomas clandestinas, estas son eliminadas por personal de Pemex mediante el corte o taponamiento de los dispositivos utilizados por los delincuentes pero con técnicas que no son consideradas como “reparaciones”, porque su objetivo principal es eliminar el punto de extracción ilegal de producto.

“ Cuando son tomas clandestinas herméticas, es decir, que no presentan fuga de producto, el personal instala un capuchón con soldadura para su inhabilitación y se monitorea hasta que se realiza una reparación permanente”, según fuentes de Pemex.

Los montos anuales en gastos de reparación muestran un crecimiento sostenido desde 2017, cuando el gasto anual ascendió a 415.9 millones de pesos y se disparó a 633.5 millones en 2018, año de la transición federal.

En 2019, con el cierre de válvulas y despliegue militar en refinerías, el costo se mantuvo alto, en 555.6 millones de pesos, y volvió a subir a 686.7 millones en 2022.

El punto más crítico se registró en 2023, con 786.9 millones, equivalente a un aumento de 438% respecto a 2014.

Aunque para 2024 hubo una ligera reducción a 671.9 millones, las cifras preliminares de 2025 -de enero a junio- ya suman 337.6 millones de pesos.