Ciudad de México.- Privilegiar la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico ante los generadores privados, sin que la empresa del Estado sea más rentable y competitiva, implica que el País pierda, considera el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con un análisis realizado por el Instituto, el discurso y la política pública desde que arrancó la actual Administración tienen el objetivo de limitar los mercados energéticos, pero no de mejorar el funcionamiento y la operación de la CFE, lo que se muestra en las diversas acciones regulatorias que se han tratado de implementar para dejar fuera a la iniciativa privada.

La primera señal fue la presentación del Pliego Petitorio de la CFE, en el que se enlistaron las diversas acciones y objetivos del Gobierno para marcar la nueva ruta del sector eléctrico, cuyas modificaciones se implementarían mediante los cambios a manuales, resoluciones y acuerdos sin cambiar la legislación vigente, y donde los órganos reguladores lo impulsarían.

Los cambios principales implicaban inhibir la competencia, cubrir las deficiencias de la CFE, y destinarle más recursos.

Como parte de la aplicación de los cambios solicitados, en abril del año pasado, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un “Acuerdo” en el que, con motivo de la crisis por el Covid-19, se quería suspender las pruebas preoperativas de centrales renovables para que no pudieran entrar en operación porque “restaban” confiabilidad al sistema por su intermitencia, lo que fue una medida poco sofisticada, destacó el IMCO.

La siguiente medida fue la Política de Confiabilidad que emitió la Secretaría de Energía (Sener) el 15 de mayo de 2020, con un objetivo similar al del Acuerdo del Cenace, pero con la diferencia de limitar la interconexión de las renovables a las redes eléctricas, y dar prioridad a centrales consideradas como “estratégicas” por la Secretaría.

“ El efecto inmediato de la priorización por confiabilidad de la Política de Confiabilidad de la Sener es que elimina de facto la integración de renovables. Este cambio en los criterios de interconexión junto con la posibilidad de que la Sener dé prioridad a ciertos proyectos usando la clasificación de estratégicos le daba a la Política de Confiabilidad la facultad de despachar plantas de la CFE que de otra forma serían excluidas por sus altos costos”, refiere el documento.

El IMCO también señala otras medidas tomadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador incluyen la cancelación de las subastas de largo plazo, cancelación de licitaciones de líneas de transmisión, relajación de términos de estricta separación legal de la CFE, cambio en el criterio de otorgamiento de certificados de energía limpia, incremento en tarifas de porteo para centrales legadas, y cambios para la autorización y modificación de permisos de autoabastos.

“ La mayoría de las medidas regulatorias y de política pública han sido frenadas y suspendidas por los tribunales. Es claro que bajo el régimen jurídico anterior a marzo de 2021 los intentos por favorecer a la CFE en detrimento de los demás participantes del mercado son contrarios no sólo a la Constitución sino a la LIE”, considera el análisis.

En respuesta a las suspensiones de las medidas mencionadas, el Ejecutivo envió el 29 de enero una iniciativa preferente para reformar la LIE, la cual fue aprobada en fast track y publicada en el Diario Oficial el pasado 9 de marzo, cuyos cambios sustanciales era el cambio en el criterio de despacho económico, eliminar la competencia, la obligatoriedad de que CFE compre energía en subastas y la revisión y, en su caso, revocación de permisos.

Actualmente, también se encuentra suspendida y se prevé que sea declarada como inconstitucional por la Suprema Corte.

“ Todas las acciones desde el PP de la CFE hasta la reforma a la LIE tendrán efectos negativos (…) El futuro del SEN y el clima de inversión en México no depende de los méritos jurídicos o económicos de la LIE sino del contexto político. La administración actual tendrá que decidir si el riesgo de presionar y desgastar las instituciones judiciales (…) es el mejor uso de los recursos públicos y su capital político”, concluyó el IMCO.