¿Qué será más importante, exhibir por exhibir, descalificar, insultar o hacer cumplir la ley; avanzar con pasos sólidos en el terreno del estado de derecho? Pues, evidentemente, lo primero.

Resulta que en la enésima prueba de que el líder de la 4T navega, muy tranquilo, en una suerte de burbuja en la que todo debe ser como quiere que sea, aunque lo que quiera sea ilegal, se aventó la puntada de pedir que se hiciera público el expediente que entregó la Fiscalía para solicitar el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, por el bien de todos, hasta del propio aludido, según dijo el Presidente.

En su muy particular concepción del mundo será algo muy sano para la vida pública del país el exhibir a un Mandatario en funciones, pero resulta que la petición violenta el principio de presunción de inocencia y colocaría un asunto jurídico en la esfera de los dimes y diretes, del linchamiento público que tanto gusta a muchos, con total independencia de que el sujeto del escarnio sea culpable o no.
Pero bueno, aún quedan algunas voces sensatas, como la del presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, experredista y ahora integrante de la bancada de Morena, que señaló lo obvio: no se puede cumplir la petición presidencial porque la ley lo impide, sería un delito.

Y es que por elemental sentido común en el expediente que armó la Fiscalía contra el Gobernador tamaulipeco obran nombres, datos personales no solamente del inculpado, sino de muchas otras personas, quienes tienen derechos y no pueden ser atropellados. Sí, según las leyes vigentes, las personas tienen derechos y las autoridades de los tres órdenes están obligadas a velar por ellos, aunque el Presidente diga otra cosa.

Ahora, una gran afirmación: tal vez solo algún familiar muy cercano se atrevería a meter las manos al fuego por el Gobernador tamaulipeco, pero, como todos los mexicanos, tiene derecho a ser sometido a un procedimiento para que un juez determine si es culpable.

Y ahora una pregunta retórica: si realmente estamos convencidos de que el pueblo bueno y sabio tiene derecho a saber todo de los asuntos públicos, ¿por qué no empezamos por ordenar que se liberen los cerca de 8 mil expedientes que la 4T etiquetó como información reservada, muchos hasta por 5 años?

En fin, ojalá que alguien, al que le haga caso, le diga al Presidente que ¡ya chole con eso de sus otros datos!, de acusar, de insultar y de pedir que se abran expedientes a su antojo y que ya llegó la hora de que, en lugar de señalar con dedo flamígero en una suerte de circo mediático, proceda judicialmente contra los que acusa de conservadores corruptos, pero con pruebas y bajo los procedimientos que marca la ley.

De lengua, todos nos podríamos comer un plato… pero toneladas y toneladas, pues no, ¡ya chole!