El informe del Imco sobre Competitividad Internacional 2019, titulado México: Sueños Sin Oportunidad dibuja un panorama desolador para la gran mayoría de los habitantes de nuestro país, que sin importar el esfuerzo que realicen tendrán pocas oportunidades para abandonar su condición de pobreza y marginación.

Hay que entender, sin embargo, que la desigualdad desde la que les toca enfrentar la vida a quienes tienen carencias de origen, va más allá de lo económico y que es precisamente por eso que no bastan las dádivas ni las ayudas asistenciales para revertir su condición.

En realidad, como muestra el diagnóstico del Imco, pesan más en la falta de movilidad social y en la carencia de oportunidades, la debilidad de las instituciones y la ausencia de un verdadero Estado de derecho que les garantice el acceso a servicios que cubren sus necesidades más elementales. Son la atención deficiente de salud y la baja calidad educativa en las etapas tempranas de la vida, las que terminan condenado a la miseria a millones de mexicanos y no la falta de dinero en sí.

En otras palabras, alguien sano y debidamente educado, tendrá mayores posibilidades de abandonar la pobreza que alguien que solo recibe ayudas gubernamentales. Por supuesto, en el país hay distintas realidades.

En las zonas más pobres, al sur de México, solo 2 de cada 10 habitantes tienen acceso a servicios de salud. En el norte, en cambio, son 5 de cada 10. Pero eso, insisto, no es producto de la falta de dinero, sino de cuestiones más estructurales que incluyen un marco institucional débil, incapaz de ofrecer a la ciudadanía las respuestas que necesitan en materia de su salud. Algo muy similar sucede con la educación que deberían recibir y que el Estado mexicano ha sido incapaz de ofrecerles.

Sin esas necesidades básicas cubiertas resulta más difícil que puedan acceder, por ejemplo, esquemas de impartición de justicia de mayor calidad. Sus limitaciones en términos de su capacidad para comprender su situación legal y jurídica ante hechos tan cotidianos como el pago de un impuesto, o la recepción de un servicio público, los pone en una condición de elevada vulnerabilidad, que no puede subsanar un país con instituciones débiles en el que las leyes no son respetadas o se aplican de manera discrecional.

Por eso, sí como nación realmente estamos interesados terminar con la desigualdad, lo primero que debemos hacer es dar fortaleza a nuestras instituciones; además, hay que apostarle al estado de derecho, porque su construcción y diseño nos han costado mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Pero, además, porque así es como queda establecido en la Carta Magna, documento al que juran respetar y defender quienes asumen un cargo público.

Debilitar, por la ruta que sea, al estado de derecho y a las instituciones mexicanas significa profundizar las causas que tienen sumidos a millones de mexicanos en la pobreza. Castigar presupuestalmente a las entidades públicas del país para reorientar los flujos y conducirlos directamente a la ciudadanía en forma de dádivas es apostarle a perpetuar las carencias de quienes menos tienen. Hay quienes dicen: “primero los pobres” porque de ellos viven.