Ciudad de México.- El reciente anuncio de un cambio en el sistema de venta de entradas a la zona arqueológica de Machu Picchu en Perú, principal polo turístico del país, ha generado una ola de protestas contra las autoridades por lo que organizaciones ciudadanas consideran una privatización del patrimonio.

La Ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, anunció la semana pasada que la venta de boletos para entrar al complejo inca, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se haría por medio de una empresa privada que contratará el Estado, Joinnus, y ya no por la Dirección Desconcentrada de Cultura, dependencia de su sector en el Cusco, debido a problemas con su sistema.

El cambio fue postergado debido al rechazo de sectores vinculados al turismo, la cultura y a ciudadanos del Cusco. 

La directora de Cultura de Cusco, la arqueóloga Maritza Candia, presentó su renuncia un día después del anuncio y expresó en su carta de dimisión su “total desacuerdo” con la decisión de Urteaga, la cual calificó como una “gestión altamente centralista”.

Trabajadores de esta dependencia iniciaron una huelga y anunciaron que van a “radicalizar” su protesta si no se anula el convenio con la empresa privada.

Los sectores que se oponen a la modificación del sistema alegan que es un paso hacia la privatización de Machu Picchu y otra monopolización del sector turístico que perjudicará a operadores locales, quienes se benefician de la cadena económica de la zona.

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La idea es mejorar la gestión cultural, la administración. De ninguna manera privatizar la administración ni la gestión de nuestro principal sitio turístico y cultural del país”, afirmó Urteaga ante los señalamientos.