Ciudad de México.- La prohibición del fracking en el sexenio anterior fue más una intención que una realidad. El Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo la aprobación de presupuesto para dos proyectos de fracturación hidráulica: Aceite Terciario del Golfo (ATG) y Aceite y Gas en Lutitas.

Ambos fueron autorizados en las administraciones de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, respectivamente, para los que se comprometieron 62 mil 946 millones de pesos entre 2018 y 2024, aunque sólo se ejerció alrededor de 44% de esos recursos, es decir, 27 mil 540 millones, de acuerdo con un análisis de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Fue hasta 2024 cuando ya no se utilizó un solo peso del dinero previsto para fracking. Ese año, López Obrador envió una iniciativa de ley para prohibir esta técnica de extracción de hidrocarburos, como prometió en su campaña electoral de 2018.

A dos años de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a retomar el fracking, técnica señalada de provocar daños ambientales y a la salud humana.

Proyectos de fracking

El dinero aprobado durante el sexenio de López Obrador fue para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), ubicado en Veracruz y Puebla. Se inició en 2002 y se contempla finalizarlo en 2031.

De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, el proyecto busca la perforación de 3 mil 395 pozos. De esa cantidad, 76% había sido perforado mediante la fractura hidráulica en 2010, según un reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Mientras que el proyecto Aceite y Gas en Lutitas, presente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, arrancó en 2013 y concluyó en 2022.

Demandan prohibición

Desde el sexenio anterior, la Alianza Mexicana contra el Fracking exigió una prohibición real del fracking, más allá del discurso.

La organización consideró que la única acción contra la fractura hidráulica ocurrió al inicio de la Presidencia de López Obrador, cuando este canceló la licitación de la Ronda Tres, destinada a hidrocarburos no convencionales en Tamaulipas.

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No obstante, más allá de esta cancelación, ha sido clara la falta de voluntad política para concretar una prohibición legal de la práctica del fracking, que ha continuado realizándose a lo largo del sexenio”, exhibió la Alianza en aquel informe.

En 2023, la organización demandó detener “la herencia del fracking” en el último año del sexenio pasado y cesar la asignación de recursos a proyectos que utilicen esta técnica.

Ahora se posiciona en contra, de nuevo, tras el anuncio de Sheinbaum de retomar el fracking si un comité de académicos y científicos, elegido por la Presidenta, encuentra formas de hacerlo sin afectar el medioambiente.

Sin embargo, la Alianza, Fundar y otras 70 organizaciones defensoras de derechos humanos y del medioambiente, se pronunciaron en contra, con un posicionamiento claro: “No existe el fracking sustentable”.

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El comité de científicos y expertos debería buscar las mejores rutas para salir de nuestra dependencia del gas y los combustibles fósiles, no cómo meternos en ella”, señalaron.

Las organizaciones sostienen que explotar el gas no convencional obstaculiza el avance real hacia una transición energética y contribuye al calentamiento global.

Aseguraron que hay suficiente evidencia de científicos de Estados Unidos, donde el fracking se ha usado por más de 15 años, sobre cómo la fractura hidráulica contamina las fuentes de agua y utiliza sustancias asociadas al desarrollo de cáncer y mutaciones genéticas.

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El Gobierno omite que la soberanía no puede alcanzarse dando la espalda a la población, sacrificando territorios y el futuro de las siguientes generaciones”, sostuvieron