La gobernadora de Baja California, y el gobernador y un alcalde de Tamaulipas parecen encabezar la lista de los políticos morenistas contra quienes el Gobierno de Estados Unidos estaría iniciando procesos formales de demanda en sus tribunales, de acuerdo con la información que circula en distintas esferas de alto nivel del gobierno mexicano y estadunidense.

No son nombres que tomen por sorpresa a nadie.

Marina del Pilar Ávila, la Gobernadora morenista de Baja California, no tiene visa desde hace un año: Estados Unidos se la quitó como parte de un proceso de acusación de lavado de dinero que implica al que en ese momento era su operador político/financiero (y esposo), Carlos Torres.

Américo Villarreal, gobernador morenista de Tamaulipas, ha sido mencionado hasta la saciedad como uno de los ejemplos más descarados de colusión entre políticos y organizaciones criminales.

Cuando se habla del financiamiento que recibió Morena del Rey del Huachicol, Sergio Carmona, aparece el nombre de Américo. Cuando se habla del expediente del huachicol fiscal y los buques que llegaban a Tamaulipas, aparece el nombre de Américo.

Apenas hace unos días, un exalcalde morenista que se pasó a su aliado, el Partido Verde, y se volvió diputado federal, declaró con todas sus letras que Américo estaba metido en el huachicol.

Y encima, antes de ser Gobernador de Tamaulipas, fue el delegado de Morena en Sinaloa para operar la elección de Rubén Rocha Moya. La colusión entre los “Chapitos” y Morena justo en esa elección constituye la columna vertebral de la acusación del Departamento de Justicia contra el Gobernador con licencia.

Que esta información sobre tres políticos del régimen –dos gobernadores y un Alcalde– sea compartida por Estados Unidos y México es muy significativo: deja abierto el tablero para que suceda cualquier cosa con sus casos. Nada es un hecho cuando todo está sobre la mesa de negociaciones.

Paralelamente, se sabe que en la CIA hay muchísima indignación por el doble rasero que ha aplicado la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cómo lo ven en la CIA?: les mandamos agentes para ayudarlos contra el narco, se mueren dos tras un operativo para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes que se hayan incautado en la historia, y el gobierno emprende una embestida mediática y judicial contra la CIA, sus elementos y el Gobierno estatal (de oposición) con el que estaban cooperando.

En cambio, un Gobernador de Morena es acusado formalmente de asociarse con el cártel de Sinaloa, y se emprende una defensa que involucra a todo el Estado mexicano.

En síntesis: si cooperas con Estados Unidos te cae todo el peso de la ley, pero si cooperas con los narcos te protege la presidenta personalmente.

Por eso, las mismas fuentes revelan que la CIA está tomando nota de quienes se están alineando en su contra y defendiendo a Rocha Moya, no sólo en la política sino también en los medios de comunicación.

Preocupante por donde se le vea. Quizá por eso alguna parte del morenismo moderado –en la política y en los medios– ya está dando pasitos para atrás y empieza a plantear romper con Rocha.

Se sabe: no hay nada que le duela más a un izquierdista que no poder ir de shopping a Estados Unidos.