Ciudad de México.- La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció la responsabilidad individual del candidato presidencial Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco” en el uso de recursos del gobierno de Nuevo León para captar firmas que le permitieran acceder a la postulación.

Rodríguez, hoy gobernador con licencia, y Manuel Florentino González, actual mandatario interino, no tomaron las medidas adecuadas para evitar el despliegue de servidores públicos para esas tareas, concluyeron los magistrados.

Dado que el TEPJF carece de atribuciones para sancionarlos, se dio vista al Congreso del Estado para que determine lo conducente.

Además de ellos, 572 servidores públicos de la administración de Nuevo León y de todos los niveles en 25 dependencias, también fueron hallados responsables, pues dedicaron días y horarios laborales para recabar firmas en favor de Rodríguez Calderón, con lo que faltaron al principio de imparcialidad en el servicio público.

En estos casos se resolvió notificar a los “superiores jerárquicos para que de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían constituir responsabilidades”, según las leyes de Nuevo León, aunque se reconoció que hay una “cadena de inobservancia de la Constitución que va desde los puestos de menor jerarquía a los de mayor rango”.

Este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la existencia de una trama financiera e irregularidades en materia de fiscalización (malversación de recursos públicos, operaciones con recursos de origen ilícito), que se presentaron durante la fase de acopio de firmas de respaldo para acceder a la candidatura presidencial independiente.

Este jueves, en sesión de la Sala Regional, los magistrados avalaron el proyecto elaborado por la magistrada presidenta en funciones, Gabriela Villafuerte Coello, en el que se establecieron que sí existió responsabilidad de Rodríguez en su calidad de mandatario local y aspirante, carácter que tuvo del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

El mandatario interino, Manuel Florentino González, también incurrió en falta y ambos debieron haber tomado medidas que pudieron causar un desequilibrio en la competencia con otros que aspiraban a una candidatura independiente a la presidencia de la República, resolvieron los magistrados.