Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que durante 2019, la Secretaría de la Función Pública revisó la evolución patrimonial de sólo 92 funcionarios públicos de un universo posible de más de 575 mil.

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2019, la dependencia federal tampoco contó con mecanismos de control que le permitieran comprobar que los funcionarios públicos cumplieron con su obligación de presentar sus declaraciones patrimoniales y verificar la información contenida en éstas.

El documento señala que a lo largo de 2019 se presentaron 575 mil 834 declaraciones patrimoniales de servidores públicos, de las cuales 52.9 por ciento fueron modificaciones, 29.9 por ciento fueron iniciales, 14.7 por ciento de conclusión y 2.6 por ciento avisos.

Los resultados de la revisión señalan que durante ese año, la SFP llevó a cabo 92 investigaciones de evolución patrimonial de los servidores públicos, lo que representó únicamente el 0.02 por ciento del total de declaraciones patrimoniales presentadas.

Éstas investigaciones, agregó, correspondieron a servidores públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y la mitad de ellas se concentró en cinco entes públicos.

La ASF destacó que los Órganos Internos de Control (OIC) y las demás autoridades investigadoras previstas en el Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública (RISFP) para llevar a cabo estas tareas de revisión fueron omisas a pesar de contar con esta facultad.

 “Es de destacar que las investigaciones fueron realizadas en su totalidad por la Dirección General de Información e Integración de la SFP; con lo que se concluyó que los OIC y las demás autoridades investigadoras previstas en el RISFP fueron omisas en el ejercicio de las atribuciones que la LGRA (Ley General de Responsabilidades Administrativas) les confiere”, indicó.

Más aún, aseguró que la Secretaría, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, careció de mecanismos de control eficientes para corroborar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicas de presentar sus declaraciones patrimoniales, así como la información que éstos presentaron.

La Auditoría sostuvo que lo anterior se reflejó en irregularidades como 2 mil 420 declaraciones en las que no se determinó la institución de adscripción de los servidores públicos, 39 instituciones no clasificada en ninguno de los Comisariatos de la SFP y discrepancias en la información estadística presentada en el Informe de Labores de la Secretaría por un total de 21 mil 126 declaraciones.

 “Todo ello en detrimento de la obligación de contar con información íntegra, veraz y de calidad que le permitiera desempeñar sus funciones como responsable de recibir, registrar, controlar e investigar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la APF”, afirmó.

El reporte agrega que la SFP tampoco dispuso de una política, lineamientos o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación y tampoco formalizó ni autorizó técnicas y métodos de investigación.

Aunado a ello, agregó, las unidades administrativas competentes, los OIC y las Unidades de Responsabilidades (UR) no generaron informes o diagnósticos que aportaran indicios para identificar situaciones que pudieran ser objeto de investigación en materia de evolución patrimonial de los servidores públicos.

 “Propiciaron condiciones favorables para la realización de actos de discrecionalidad en la selección de los servidores públicos a investigación en 2019, ya que cinco de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las dos que se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por el Área de quejas del OIC y por las UR”, señaló.

La ASF señaló, además, que respecto a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por faltas administrativas en contra de servidores públicos federales y de aquellas personas que manejaron o aplicaron recursos públicos federales, la SFP no contó con evidencia documental que acreditara actividades realizadas durante 2019.