Ciudad de México.– En una decisión trascendental para la política ambiental del país, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto de 2022 que establece al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida (ANP). Con esta resolución, el máximo tribunal ratifica la protección federal sobre los terrenos que originalmente albergarían el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Unanimidad tras ajuste de criterios

Aunque la decisión final fue unánime, la sesión estuvo marcada por un debate sobre los métodos de consulta a las comunidades. El ministro ponente, Hugo Aguilar Ortiz, propuso inicialmente elevar el estándar de “garantía de audiencia previa” para los ejidatarios, sugiriendo que el país requiere construir decisiones bajo nuevos parámetros que eviten el desplazamiento histórico de pueblos originarios.

Sin embargo, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos señalaron que dicha propuesta contradecía criterios establecidos por la propia Corte apenas unas semanas atrás. Ante los señalamientos, Aguilar Ortiz aceptó ajustar su proyecto para alinearlo con la jurisprudencia vigente, lo que permitió el consenso para negar el amparo a los ejidos inconformes de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Reconocimiento a la gestión del exmandatario

Durante su exposición, el ministro Aguilar Ortiz lanzó un inusual reconocimiento a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, destacando que el proceso de diálogo llevado a cabo por el Ejecutivo en este caso fue una “señal de que las cosas pueden hacerse de manera distinta”.

” “Felicito al Ejecutivo, que en este caso lo haya hecho de la manera como está… es una señal de que las cosas pueden hacerse de manera distinta”, expresó el togado al contrastar el proyecto actual con “daños históricos” provocados por presas y caminos construidos en décadas pasadas sin escuchar a la población.

Contexto: La sombra del NAIM

La resolución de la Corte pone fin a una serie de recursos legales promovidos por grupos de ejidatarios. Al respecto, Sandino Rivera, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), precisó que los amparos fueron impulsados principalmente por personas que habían vendido sus tierras para la construcción del aeropuerto de la administración anterior.

Rivera enfatizó que la preservación del lago es un triunfo de la resistencia social iniciada en 2001 por el FPDT. Con este fallo, la limitación a la propiedad privada en favor de la conservación ambiental queda firme, asegurando que el ecosistema del Valle de México no sea urbanizado ni utilizado para fines industriales.