Ciudad de México.-Las grandes empresas están en la mira de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto de reforma a la industria eléctrica en el rubro de sociedades de autoabastecimiento.

De acuerdo con la propuesta, estos actores son considerados evasores fiscales, y junto con los productores independientes de energía representan un negocio estimado en casi 230 mil millones de pesos anuales.

Según la iniciativa dada a conocer el viernes pasado, estas empresas reciben beneficios porque simulan ser socios, cuando en realidad son clientes de las sociedades de autoabastecimiento a quienes se les facturan la energía eléctrica e incurren en fraude contra la ley.

Son “parásitos que viven de la CFE”, opinó un alto funcionario del sector energético que pidió no ser identificado.

En total, casi 77 mil 767 empresas compran electricidad a 239 centrales que operan bajo el concepto de autoabasto, de acuerdo con la Ley del Servicio Eléctrico vigente. Este esquema rompió con la premisa de que todo suministro tenía que ser otorgado por la CFE.

La ley permite a empresas asociarse en consorcios de autoabastecimiento y compartir la propiedad de una generadora.

Entre las compañías asociadas con generadores de autoabasto figuran corporaciones como Cementos Mexicanos, Cementos Anáhuac, Cementos Tolteca, Cervecería Cuauhtémoc, Cigarrera La Moderna, Conductores Monterrey, Fábricas Monterrey, Hylsa, 7Eleven México, Mexicana de Cobre, Industria Minera México, Teléfonos de México, Almexa Aluminio, Vidriera Monterrey, Industria Química del Istmo, incluidos gobiernos estatales y municipales, así como estatales como Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación (ahora Pemex Transformación Industrial) y organismos operadores de agua.

La idea de la reforma es recuperar a esos clientes, un mercado de casi 230 mil millones de pesos anuales, añadió el funcionario consultado.