Por Sergio Hernández Lozano

En una reunión entre empresarios de la ciudad, se realizaba una petición a presentar hacia autoridades presentes, mantener la seguridad pública y mejorarla. ¿Qué es la seguridad pública, como para poder exigirla? y ¿cuánto le cuesta al sector privado la ausencia de esta?

El concepto seguridad proviene del latín securitas, el cual está compuesto por “se”, que quiere decir sin, y “cura”, que se refiere a cuidado o procuración. Lo anterior significa entonces “sin temor”, por lo cual, podemos interpretarlo como vivir sin temor.

Previo al uso del concepto de seguridad pública, se utilizaba el de orden público, cuyas técnicas de intervención en la esfera de la libertad de los particulares se efectuaban para buscar una seguridad concebida en un sentido muy amplio y vinculado a la seguridad del Estado. Este concepto de orden público se ha ido desechando por su connotación policial, debido a que las tareas de mantenimiento del orden quedan siempre a cargo de los cuerpos policiales, cuya actuación responde tradicionalmente a la mera constatación de la adecuación de conductas a normas. Dicho concepto está ya superado por el de seguridad pública.

En un Estado democrático y progresista, la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y de la calidad de vida. El desenvolvimiento de una nueva cultura y concepción de la seguridad no debe estar circunscrito únicamente a la prevención o persecución del delito, sino orientado a promover la salvaguarda y garantía de todos los derechos humanos.

Así pues, la búsqueda de un concepto cuyos componentes resguarden, garanticen y promuevan los derechos y libertades supone la adopción del término propuesto de seguridad pública, amplio en su esencia y filosófico en su eficacia.

Después de haber aterrizado un poco el concepto de seguridad, ahora le presentaré algunos datos relevantes a nivel nacional. El costo directo de la delincuencia y la violencia a las empresas en México se estima en 147 mil 301 millones 272 mil 981 pesos al año, lo que representa alrededor de 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

La cifras anteriores se obtienen del análisis Estimaciones de Costos del Delito y la Violencia para el Sector Privado en México y la Importancia de su Participación en la Prevención de la Violencia como Estrategia de su Modelo de Negocios a Largo Plazo, publicado en junio del año 2019 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés). Si además del costo directo a las empresas se considera el costo total a las personas, los gastos directos e indirectos del Gobierno, así como los gastos de la autoridad en contención, el impacto económico del delito y la violencia es de alrededor de 1.52 billones de pesos, o 6.8% del PIB nacional.

El documento, que estima los costos para el 2018, plantea que, si se considera dividir el impacto económico del delito y la violencia entre el total de empresas o unidades económicas del país, 5 millones 78 mil 737, el costo anual por cada empresa es de 298 mil 834 pesos.

Lo grave de los resultados de ese ejercicio es que, si el delito y la violencia continúan su curso actual, para el 2030 el costo total pasará a 4.5 billones, con lo que la parte proporcional del PIB pasará de 6.8, a 15 puntos porcentuales.

Eso quiere decir que entre el 2018 y el 2030 la violencia tendrá un costo acumulado de 35 billones de pesos. Además, de continuar el delito y la violencia como hasta ahora, entre el 2018 y el 2030 el costo por cada empresa pasará de 298 mil, a más de 650 mil pesos cada año.

El documento plantea tres escenarios en la materia para el futuro. En el primero, si se mantuviera la violencia actual, para el 2030 el costo total llegaría a 4.5 billones de pesos anuales; si disminuye, sería de 1.7 billones, y si aumenta podría ascender hasta 7.1 billones de pesos.

Con estas cifras planteadas, y posibles escenarios analizados, la disminución de la violencia y la inseguridad deben ser una prioridad para el Gobierno, a todo nivel, y dar la percepción al sector privado y empresarial de una vida sin temor.

Esto garantiza la correcta operación de las unidades de negocio y por consecuencia un incremento en la economía.

Sin duda la ausencia de seguridad para el sector privado es algo que tenemos que evaluar y exigir de forma contundente al estado. Aunque el sector privado pone su parte, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos.

Entonces, estimado lector, con lo anterior expuesto, cuál es su percepción actual de la seguridad. Recordemos que estamos a poco más de dos semanas de culminar el actual proceso electoral. Salgamos y seamos partícipes de este proceso, y aprovechemos la oportunidad de exigir mediante el voto una mejora al sistema de seguridad pública actual.

El autor es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; especializado en economía latinoamericana por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires y con maestría en impuestos por la Escuela Especializada para Contadores Profesionales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Nuevo León. Es expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila Sureste y actual consejero. Actualmente se desempeña como socio fundador de JSG Asociados SC y socio director de Apex Contabilidad y Administración.