Chihuahua.- Los seis militares acusados de participar en el asesinato de Jessica Silva Zamarripa, temen ser juzgados en Chihuahua y pidieron se pase su caso a Sinaloa, lo anterior, según sus abogados defensores, “por no estar garantizada la seguridad ni objetividad del proceso” en esta entidad.

Los detenidos tuvieron una audiencia virtual el pasado 17 de septiembre dentro de la causa penal federal 231/2020. Los seis militares están acusados de participar en el crimen de Jessica Silva, de 36 años, y lesionar su esposo, Jaime Torres, el año pasado en las protestas por el control del agua.

Los imputados son el teniente de infantería José Luis F., el sargento segundo Bernabé L., (señalado como quien disparó su fusil de asalto contra la pareja de agricultores), el cabo conductor Omar A., el cabo Rubén L., la soldado Jaqueline R. y la soldado Nayeli S.

En el Poder Judicial Federal de la avenida Mirador y Washington se informó ayer a El Diario que el próximo 15 de octubre a las 15:00 horas está programada la audiencia inicial en contra de los seis acusados, quienes el 8 de septiembre de 2020, día en que presuntamente atacaron a la pareja de agricultores en ciudad Delicias, fungían como elementos adscritos a la Guardia Nacional (GN)

Los seis acusados permanecen actualmente recluidos en una cárcel militar en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y fueron vinculados a proceso penal por el juez federal, Javier Antonio Mena Quintana, el 30 de octubre de 2020.

El juez Mena dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa únicamente al sargento segundo Bernabé L., quien fue el que hizo los disparos a la pareja de civiles con su fusil de asalto.

Empero en el caso de los otros cinco coacusados, el teniente de infantería José Luis F., el cabo conductor Omar A., el cabo Rubén L., la soldado Jaqueline R., y la soldado Nayeli S., quedaron también sujetos a proceso penal pero exclusivamente por delitos contra la administración de justicia.

Por los hechos suscitados en la presa “La Boquilla”, el juzgador impuso el 26 de octubre del presente año la prisión preventiva a los militares involucrados y autorizó su traslado a una cárcel militar adscrita a la Tercera Región Militar con sede en la ciudad de Mazatlán.

A pesar de que los seis militares promovieron amparos en contra de la formulación de cargos y el auto de vinculación a proceso, no han logrado salir de prisión y están a punto de cumplir un año sujetos a proceso penal.

Sobre la petición que hicieron los coacusados al Juez federal para que el expediente sufra un cambio de radicación, se informó que fue rechazada pero éstos podrían recurrir de nuevo al juicio de amparo.