Ciudad de México.- En caso de ser aprobada la contrarreforma constitucional en materia eléctrica, los litigios internacionales que se presenten para la protección de inversiones podrían tomar entre 4 y 5 años en resolverse e implicar altos costos para el Estado mexicano, advirtió la firma de abogados Sánchez Devanny.

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Estos procedimientos implicarán altos costos para el Estado mexicano, desde los costos que implicaría la defensa de estos procedimientos como también los derivados de las posibles condenas contra el Estado mexicano.

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El costo de manejo de los litigios nacionales e internacionales, así como las indemnizaciones a cubrir a los inversionistas y estados involucrados, pueden ser enormes; se habla de 10 o 15 veces lo que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco”, advirtió Verónica Esquivel, socia industrial del despacho, durante el webinar Amenazas de la Contrarreforma Constitucional en Materia Energética y Medios de Defensa.

Las empresas internacionales del sector energético con presencia en México podrían evocar los diversos tratados y acuerdos internacionales a los que estén suscritos para proteger sus inversiones y pedir una reparación de daños en caso de que el Gobierno mexicano limite la operación de sus proyectos.

Por ejemplo, podrían apelar a tratados bilaterales, a Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (Appris) o los tratados multilaterales, como el de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11 o Cptpp, por sus siglas en inglés) o el de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (Tlcuem).

Mientras se resuelve el litigio internacional, existe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo, pero regularmente eso no sucede, los proyectos de mantienen detenidos, es parte de las indemnizaciones que se apelan.