Uno de los temas que más ha evadido definir con claridad la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, es cuál será su política con respecto al Ejército y la Secretaría de Marina y su desbordada presencia en las actividades del gobierno civil. Ante la insistencia del cuestionamiento, la abanderada de la 4T ha dicho solamente que mantendrá a los militares dentro de las labores de seguridad, pero que “otras tareas” asignadas al Ejército serían “analizadas”. Es claro que Sheinbaum no puede desmarcarse claramente de la militarización en el gobierno federal, por ser una de las prioridades del presidente López Obrador, pero también parece claro que habrá matices en la utilización de los militares dentro de la vida civil.

Para Xóchitl Gálvez, en contraste, la idea de “regresar al Ejército a sus cuárteles” ha estado clara desde que fue precandidata de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD, y no sólo apareció en su plataforma de campaña, sino que la ratificó en varios discursos sobre el tema de seguridad y cuando presentó su estrategia para combatir la inseguridad y la violencia del narcotráfico también definió claramente que “las funciones del Ejército serán las constitucionales”. La abanderada de la oposición lo dice con todas sus letras y para que lo oigan los generales que hoy están tan alineados con la 4T: “Al Ejército le toca la seguridad nacional. Hoy, buena parte del territorio nacional está en manos de la delincuencia. Nosotros queremos que el Ejército deje de estar pavimentando carreteras, haciendo trenes, cuidando aduanas”.

Y es que ante el cada vez más cercano cambio de Gobierno en México, hablar del actual papel del Ejército y de la Marina y de cómo, por órdenes del Presidente, han ido copando y ocupando tareas civiles en el gobierno, además de administrar recursos multimillonarios del presupuesto público y manejar a discreción las licitaciones de servicios y obras públicas, algo que indudablemente les ha dado a los militares un poder que hace casi 100 años que no tenían en este país: el de llevar a cabo labores de gobierno y sustituir a los civiles en campos que la ley y la Constitución establecen como de estricto carácter civil.

Muchos mexicanos se preguntan si los militares y marinos van a soltar tan fácilmente todo el poder administrativo y económico que les ha otorgado López Obrador como una forma de comprar no su lealtad, que ya tenía por tradición, sino el respaldo de la milicia a su movimiento político y a la obsesión de continuidad que tiene el líder de la 4T. Y la mayoría responden esa pregunta con un rotundo “No”.

Por eso es importante saber con claridad cómo actuarán las candidatas y el candidato presidencial ante el hecho de que las cúpulas militares de este país ya están metidas con medio cuerpo en la administración pública federal y que durante seis años el Presidente repitió como mantra que “tenía que recurrir a las Fuerzas Armadas porque ellos sí son honestos y eficientes para hacer casi de todo”, con lo que a muchos mexicanos y seguro también a los generales y almirantes que hoy dirigen la Defensa y la Armada de México, se les quedó la idea de que “los militares son mejores para realizar muchas tareas”, algo que parece darle supremacía a la capacidad militar sobre el gobierno civil.

Entre los miembros del gabinete de seguridad federal, ese que sesiona todos los días a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, se escucha que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le dice a quién lo quiera escuchar que “las Fuerzas Armadas, todas, deben quedar bajo un mismo mando”. Claro que el general se refiere al mando de la Defensa Nacional, a la que tendría que someterse también la Marina Armada de México, y esto lo dice en el contexto de la sucesión presidencial, como si se tratara de una propuesta o un objetivo que le planteará a quién llegue a la Presidencia.

Alguien tendría que recordarle al general la importancia que tiene mantener separadas las Fuerzas Armadas, como ocurre en todas las democracias del mundo. Porque si de por sí la Secretaría de la Defensa Nacional ha acumulado muchas funciones que no le corresponden constitucionalmente, entregarle el mando único de las Fuerzas Armadas nacionales sería acumular más poder para el Ejército. En una democracia nadie debe tener tanto poder.

Por eso decimos que, en el próximo gobierno, gane quien gane las elecciones del 2 de junio, se tiene que hablar del Ejército y de cómo desmantelar todo el aparato militar y naval que se ha montado encima del gobierno civil y de sus funciones constitucionales.