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Grupo Zócalo
Publicado el miércoles, 4 de marzo del 2026 a las 01:42
Ciudad de México.- La asamblea comunitaria de Santa María Chimalapa, en Oaxaca, liberó al titular de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez Carrera, luego de que se firmara un acuerdo para gestionar la revisión del fallo que ordena la expropiación de 2 mil 651 hectáreas del núcleo agrario Canaán.
El funcionario permaneció retenido cerca de 24 horas en la comunidad zoque. Su salida se concretó tras el compromiso de que el próximo lunes habrá una audiencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, así como una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
El conflicto se originó por la resolución del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con sede en Tuxtepec, que plantea la expropiación de esas tierras con una indemnización “en especie” para la comunidad. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) confirmó que sólo con la firma del acuerdo fue posible la liberación del procurador.
Suárez Carrera fue retenido junto con dos funcionarios estatales la tarde del 2 de marzo, tras conocerse la resolución relacionada con los ejidos Canaán y General Rafael Cal y Mayor.
Los comuneros habían solicitado la instalación de una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el fallo desconoce sus derechos agrarios e indígenas y contradice la sentencia emitida en noviembre de 2021 por la Suprema Corte, que resolvió el conflicto limítrofe entre Oaxaca y Chiapas a favor de Oaxaca y de los Chimalapas.
Autoridades comunitarias sostienen que los ejidos en disputa ya fueron reconocidos como parte del territorio oaxaqueño y que la nueva resolución invalida años de gestiones legales. En asamblea celebrada el 21 de febrero, la comunidad determinó no aceptar la decisión del tribunal agrario ni permitir lo que consideran un despojo de su territorio ancestral.
Las negociaciones continuarán en los próximos días, mientras la comunidad mantiene su exigencia de que se respete la sentencia de la Corte y la delimitación histórica entre ambas entidades.
Con información de Proceso.
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