Desde la colonia existió esa antigua animadversión entre actores del campo; al principio era establecida entre nativos, criollos y mestizos. Siempre era ese sembrado resentimiento del que cree haber sido despojado y la necesidad de desquitarse.

El ejido no fue suficiente; a pesar de la idea sembrada en la mente del campesino de que la tierra que explotaba había sido arrebatada al odiado hacendado, la mediocridad oficial se encargó de hacer entender que la prosperidad seguía lejos.

En los 80 vino una gran verdad: el Estado, que vagamente había tenido el deseo de ver campesinos prósperos (un gobierno dominado por economistas simpatizantes de la izquierda ponía en última jerarquía a los campesinos), prácticamente desmanteló al banco rural y la aseguradora agrícola, dejando colgados de la brocha a millones de campesinos. Con eso, quedaron los pequeños propietarios, acostumbrados a trabajar con sus recursos, y algunos productores de cultivos extensivos, con riesgo propio; y el Estado optó por el reparto de dádivas, para tapar el ojo al macho, aumentando la población de miserables en las concentraciones urbanas.

Coincidieron esos hechos con el desastre económico de De la Madrid, que provocó una fuga enorme de capitales nacionales, algo que se perfeccionó durante los sexenios de Salinas y Zedillo. Los ejidatarios, sin apoyo económico importante, quedaron con el magro ingreso del agua que venden a productores agrícolas y ganaderos.

Con la vuelta a escena de esos izquierdistas enemigos del pequeño propietario, este tiene cada día más obstáculos. Importante fue el cambio en leyes que limita su poder sobre su agua, gastos elevados en combustibles y agroquímicos, causados por la inflación descontrolada y el muy alto costo de combustibles y energía.

Especial lugar en ese problema ocupan los productores de papa; ese cultivo es difícil por el alto costo de la protección contra plagas y enfermedades, sumado a que requieren de alta cantidad de agua durante el proceso productivo y, finalmente, un mayor riesgo en la variabilidad del precio en el mercado de su producto.

Hace tiempo, ese precio era influido por el clima (sequías, heladas y desastres hacían que escaseara el tubérculo, elevando el precio). Con el tiempo, cambiaron los problemas: cuando el gobierno permitió a los altos usuarios de papa la importación del tubérculo, algo que elimina los buenos años que permiten al productor mantener la actividad (eso implica trabajar varios años prácticamente sin utilidad, esperando una buena racha). Pero hoy, al ir a un supermercado, veo bolsas de polietileno con papas de Idaho, USA; eso realmente es un insulto a los productores.

No hay justificación respetable para esa situación. Si fuera el propósito que tuviera el consumidor un producto más barato, no importa de dónde venga (razonamiento neoliberal por excelencia), esperaríamos ver ese mismo razonamiento, por ejemplo, para el cemento, el cual, con la protección del gobierno, es más caro en México que en Estados Unidos y Centroamérica. Algo similar sucede con el maíz importado de Estados Unidos, que tiene menor precio que el producido en México.

En los tratados comerciales muchas veces se incluyen a los productos agrícolas, pero los gobiernos cuentan con barreras no arancelarias, como es el caso de la papa: hay plagas y enfermedades que pueden llegar en producto fresco y causarían daño enorme a la producción local. Las barreras sirven para proteger a los productores locales; esa acción la hace usualmente el gobierno gringo, y lo podríamos hacer acá. Solo necesitamos que los funcionarios de agricultura y demás sintieran, al menos, un leve deseo de proteger a mexicanos que se arriesgan y producen.

Le haría más bien a México que el gobierno defienda a los productores agrícolas que mantener haraganes solo por su voto, o sacrificar nuestro petróleo o nuestro dinero en financiar dictaduras comunistas en Cuba.