Ciudad de México.- Luego de tres años en una prisión de Iguala, Guerrero, la indígena nahua Aurelia García Cruceño recuperó su libertad.

La mujer, quien fue víctima de violación y quedó embarazada, fue encarcelada injustamente tras sufrir un aborto involuntario y ser acusada por el delito de homicidio en razón de parentesco.

Tras una audiencia que duró más de dos horas, la jueza Mariela Alfaro Zapata absolvió a García Cruceño, quien ahora podrá cumplir su sueño de ser maestra para enseñarle a leer a los niños de su pueblo de Xochicalco, del municipio de Chilapa.

En mayo de 2019, cuando Aurelia tenía 19 años de edad, empezó a vivir un infierno. El comisariado ejidal de su pueblo, quien sigue en libertad, la agredió sexualmente en diversas ocasiones.

Por la estigmatización que hay en su pueblo hacia las personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, en junio, Aurelia se fue a Iguala, en donde vivía con una tía y trabajaba para solventar sus gastos. Ella no sabía que estaba embarazada. El 2 de octubre, Aurelia estaba sola en su casa y empezó a sentir dolores muy fuertes en el estómago y tuvo sangrado vaginal, lo que le ocasionó la expulsión del feto, y fue hasta ese momento cuando ella supo de su embarazo.

Cuando su tía regresó y vio la gran cantidad de sangre que Aurelia había perdido, llamó a una ambulancia que la llevó a un hospital.

Días después fue detenida y esposada en la misma cama de hospital en la que se encontraba.

Posteriormente, pese a que todavía no había sido dado de alta en el hospital, los policías la llevaron al Centro de Reinserción Social de Iguala.

Después de haber sido obligada a declararse culpable, el 8 de julio del 2021 una jueza dictó una sentencia condenatoria a Aurelia de 13 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco.

Este juicio se llevó de manera abreviada, sin que a Aurelia le hayan explicado en su idioma, de manera clara y sin tecnicismos, las consecuencias, alcances y naturaleza del delito del que le estaban imputando.

Abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) tomaron el caso y lograron que la justicia federal otorgara un amparo y que la Magistrada del Poder Judicial de Guerrero, Indalecia León, aceptara la reposición del procedimiento el 17 de enero del 2022.

El IMDHD estableció que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial estatal incurrieron en prácticas discriminatorias contra Aurelia durante todo el proceso, en razón de su condición de pobreza y origen indígena.

Además, que la joven fue acusada de un crimen que no cometió, puesto que se comprobó que sufrió un aborto involuntario.

La activista feminista María Luisa Garfias Marín denunció que Aurelia sufrió violencia durante todo su proceso judicial.

“  En un estado (de Guerrero) en donde las autoridades hablan de convertirlo en una ínsula, en un espacio sagrado para los derechos de las niñas y las mujeres, hoy estamos viendo que de esa ínsula que nos han hablado no existe”, dijo Garfias.