Washinton, EU.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de designar a ‘Antifa’ como una “organización terrorista de gran importancia”. El anuncio, realizado desde el Reino Unido en el marco de una visita de Estado, surge como parte de la respuesta del gobierno al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un crimen que Trump ha atribuido al “discurso de la izquierda radical”.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario aseguró que Antifa es un “desastre de izquierda radical, enfermo y peligroso” y que recomendará al Departamento de Justicia investigar a quienes lo financian. Sin embargo, la propuesta enfrenta serios desafíos legales, ya que el término no se refiere a una organización centralizada, sino a un movimiento sin líderes ni estructura definida.

Una ‘ideología’, no una organización

‘Antifa’, abreviatura de “antifascistas”, es un término que describe a activistas de tendencia izquierdista que se oponen a lo que consideran fascistas y neonazis. Su origen moderno se remonta a las protestas racistas en Charlottesville, Virginia, en 2017.

A pesar de que algunos de sus miembros han participado en manifestaciones que resultaron en violencia, el movimiento carece de la estructura jerárquica que permitiría una designación formal como organización terrorista.

El exdirector del FBI, Christopher Wray, ya había señalado durante la primera administración de Trump que ‘Antifa’ era una “ideología”, no una organización, lo que complica su categorización legal.

El debate legal: ¿Se puede criminalizar una creencia?

El marco legal estadounidense presenta serios obstáculos para la iniciativa de Trump. Si bien la Ley del Código de Estados Unidos define el terrorismo nacional como el uso de la violencia para coaccionar a un gobierno, no existe un mecanismo federal que tipifique el terrorismo doméstico como un delito o que permita al Ejecutivo designar a un grupo nacional como organización terrorista.

Además, expertos advierten que la designación podría entrar en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. De acuerdo con un reporte del Congreso de 2023, “expresar creencias extremistas… está generalmente protegida por la Primera Enmienda”, lo que dificulta la aplicación de estas leyes a movimientos difusos.

La preocupación por el poder ejecutivo

La exfiscal Mary McCord, una de las promotoras en 2019 de un proyecto de ley para tipificar el terrorismo nacional como delito federal, expresó su preocupación por la actual propuesta. En declaraciones al sitio Político, McCord afirmó que teme que la administración de Trump busque “instrumentalizar la ley” para perseguir a opositores políticos.

” Me preocupa mucho cómo podría investigarse y utilizarse un delito federal de este tipo”, concluyó.

Contexto y motivación política

El anuncio de Trump se produce en el contexto del asesinato de Charlie Kirk, un hecho que el presidente ha relacionado directamente con la “izquierda radical”, incluso antes de la captura de cualquier sospechoso.

Este contexto resalta el carácter político de la propuesta, que busca enfrentar a un movimiento que ha sido un objetivo constante de la retórica del presidente.