El martes pasado, los mexicanos conocimos la filtración de un audio por parte de Carmen Aristegui. Este audio filtrado involucra al almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de la Secretaría de Marina (Semar), en una conversación ocurrida en junio del 2024 con el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue asesinado, precisamente después de realizar esta denuncia de la existencia de una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas.

La grabación publicada, que documenta cuando Guerrero expuso ante la cúpula naval sus hallazgos sobre sobornos y una red de huachicol fiscal tan vasta y profunda que sus tentáculos alcanzan las estructuras del Gobierno, no es sólo una nota roja más en el diario, sino la crónica de una sentencia de muerte para quien su único pecado fue la lealtad a la institución y, posiblemente, la prueba de fuego que definirá si México vive en una democracia o bajo un régimen de impunidad selectiva.

Por definición jurídica, estamos ante un crimen de Estado, que en tiempos normales debería ser comparable a los magnicidios de Colosio o Ruiz Massieu: ya que en todos estos asesinatos el Estado tuvo mucho que ver, ya sea por acción directa o por una omisión dolosa; lo anterior, dado que el aparato gubernamental permitió que una voz de alerta interna fuera silenciada para esconder una verdad.

Para desgracia del contralmirante, éste no sólo entregó nombres y señaló directamente a los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del propio almirante secretario; sino que después de haber cumplido con su deber, dejó también por escrito su ubicación exacta para sus vacaciones, información que sólo manejaba la Marina, y fue ahí donde sicarios lo acribillaron. La precisión del ataque sugiere que el Estado no sólo falló en protegerlo, sino que pudo haber facilitado las coordenadas para su eliminación.

Con las anteriores revelaciones, es innegable que el expresidente López Obrador tenía conocimiento de estas operaciones. Su discurso de “cero corrupción” choca frontalmente con la realidad de los hechos. Además, la sombra de la sospecha se extiende hacia los hijos del exmandatario y su círculo cercano. Las acusaciones ya no son meras conjeturas; son indicios sólidos que, en cualquier estado de derecho funcional, abrirían carpetas de investigación inmediatas.

Sin duda, la filtración de estos audios es el último clavo en el ataúd de la narrativa de honestidad de la cuarta transformación. No se trató sólo de robo de combustible; se trató de la eliminación física de quien se atrevió a denunciar. Hoy, la sangre del contralmirante Guerrero Alcántar mancha no sólo el uniforme naval, sino a un Palacio que prefirió el negocio de los sobrinos sobre la vida de sus soldados.

Así, aunque será difícil que lo acepte, hoy la Presidenta se encuentra en una encrucijada histórica: Seguir cuidando las espaldas de su antecesor, cargando con el costo político y moral de un sistema permeado por el crimen organizado, o tomar estos indicios como el punto de partida para deslindar responsabilidades demostrando que su mando no es una extensión de la voluntad de Palenque; es decir, que si no hay consecuencias desde el poder, el audio del contralmirante no será sólo una denuncia, sino la clara evidencia de un crimen de Estado. La Presidenta debe decidir si quiere ser jefa de Estado o cómplice de un legado manchado.