El martes 4 de agosto pasado, precisamente desde la comandancia de la 13ª zona militar, en Nayarit, se oyó enérgica la voz castrense, en términos que podrían vaticinar turbulencia.

Tras informar, con lujo de detalles, la detención de “El Marro”, cabecilla del cártel de Santa Rosa, el general Luis Cresencio Sandoval dijo: “Yo quisiera aprovechar también para mencionar que, bueno, a las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, tanto de nivel estatal como federal, pues que cumplan con la responsabilidad que les toca en estos momentos…El personal militar, en este trabajo de gran esfuerzo, de gran riesgo, de dedicación, de un tiempo muy grande invertido, del esfuerzo institucional que realiza todo el personal de las fuerzas de seguridad del estado, pues eh, que vean reflejado en el esfuerzo que van a hacer las autoridades judiciales y jueces el resultado de su esfuerzo, de su empeño y del riesgo que pusieron en realizar esta operación”.

Lo hizo en presencia de su comandante supremo, que a la hora de responder preguntas de los reporteros presentes, respaldó esa postura al reiterar: “Sí creo que es importante el que las autoridades judiciales, como aquí lo mencionó el general secretario, actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como federales, para que no haya impunidad, porque todo esto que estamos padeciendo en México, lo comentaba, tiene mucho que ver con la impunidad, cómo autoridades de todos los niveles, de los tres poderes, se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables”.

Paralelamente, ha trascendido que, ante los pobres resultados de la Guardia Nacional frente a las expectativas que animaron su creación, existe un proyecto que considera su desincorporarla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, como de hecho está operando.

El ejército y la armada son de las pocas instituciones que todavía conservan el honor como norma de comportamiento. Eso no se cuestiona, ni su lealtad; al contrario. Pero la disciplina militar es diferente a la que debe regir las funciones civiles. Por eso, en las normas -nacionales e internacionales- han recorrido rutas distintas en los tiempos modernos.

La historia ha dado muestras sobradas, especialmente en la comunidad iberoamericana, de lo que ocurre cuando la gestión pública se militariza. Por eso, desde que se anunciaron los primeros pasos en el proyecto de la habilitación de ese cuerpo aparentemente civil, despertó suspicacias y hasta franca oposición.

Hoy, frente al proyecto de integración y en medio del cuestionamiento a los jueces que, aunque expresado con palabras comedidas, fue formulado con claridad, se siente el ambiente cargado de tensión y riesgo de fricciones que pueden surgir entre el brazo armado del Poder Ejecutivo y los poderes judiciales, federal y estatales.

Da la impresión de que, ante la gravedad de los complejos problemas de inseguridad que plantea la muy extendida infestación de la delincuencia organizada en el país, se quisieran justificar medidas extremas que poco se corresponderían con las garantías del “debido proceso” y, probablemente, otros derechos.

Quienes así piensan pueden tener razón, pero eso sólo indica que lo que habría que hacer es activar, conforme la propia constitución lo prevé, la suspensión o limitación de derechos -los estrictamente indispensables, restringida a las áreas que lo requieran y por tiempo limitado- para hacer frente a esa “perturbación grave de la paz pública”, que sin duda pone a la sociedad en “grave peligro o conflicto”, según lo dispone el artículo 29 constitucional.

Es, ciertamente, una decisión extrema y, sobre todo en nuestra tradición, un riesgo político de envergadura mayor, pero es peor hacerlo de hecho, lo que se agravaría grandemente si se pretendiera inhibir la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

Romper el equilibrio constitucional no solo desbalancearía el sistema de frenos y contrapesos, sino que, a la postre, daría al traste con el “estado de derecho” mismo.