Ciudad de México.- El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, dijo que la volatilidad en el país se mantendrá en tanto no se conozcan las leyes secundarias de la reforma judicial.

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La volatilidad va a seguir hasta que no quede perfectamente aclarado cómo quedan las reglas secundarias de la reforma judicial. Creemos y estamos convencidos de que hay un buen diálogo, están escuchando las posturas que tenemos los diferentes sectores”, dijo.

Al participar en la edición 2024 del Foro Prosa, el presidente de la ABM comentó que en las leyes secundarias debe quedar muy clara la independencia de poderes, para que haya certidumbre a toda la inversión en el país.

Carranza reiteró que la volatilidad que se vive en los mercados es más una cuestión de incertidumbre que de desconfianza sobre el entorno para hacer negocios en el país.

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Yo no veo que esté parado el país. Al contrario, veo que va hacia adelante. La inversión extranjera continúa. Es muy importante considerar que tenemos una gran oportunidad hoy en México y si la podemos aprovechar, hacer que a México le vaya cada vez mejor”, expresó.

Hacía falta reforma

En México, sí hacía falta una reforma judicial, pero con aspectos bien aterrizados como la independencia y la implementación para que genere la certidumbre jurídica que tanto necesita el país, aseveró por otra parte el presidente de la Asociación de Bancos de México.

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Déjenme decirles que en opinión de los banqueros de México, sí hacía falta tener una reforma judicial, pero tener una reforma judicial en términos precisamente de que aterricemos muy bien ciertos aspectos. Número uno, que siga habiendo una independencia judicial y no esté todo el poder, digamos, en uno solo de los poderes.

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Segundo, que también la implementación de todas las reglas, lo que llamamos nosotros las reglas secundarias, va a ser muy importante, porque nos permitirá precisar y afinar algunos de los aspectos que podrían hacer que verdaderamente en México tuviéramos una reforma judicial muy exitosa y que pudiera generar esa certidumbre jurídica que tanto necesitamos”, apuntó Julio Carranza.

Aseguró que están trabajando de cerca con el nuevo Gobierno, jueces, legisladores y secretarios de todos los equipos para exponer sus puntos de vista y que sean tomados en cuenta.

Hasta 2027 la pérdida de grado

De no atenderse los riesgos fiscales que enfrenta el Gobierno federal en sus finanzas, en el 2027 el país podría perder su grado de inversión, advirtió Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA para México y Estados Unidos.

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Cuando se pierde el grado de inversión, por regla muchos de los grandes fondos institucionales del mundo no pueden asumir riesgos y eso implicaría una mayor salida de flujo extranjeros y eso depreciaría más el tipo de cambio.

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Creo que los mercados están esperando qué políticas seguirá la próxima Administración y si hace algo para detener el deterioro fiscal, particularmente el de Pemex”, dijo en conferencia con el Colegio de Economistas de Nuevo León.

De las tres grandes calificadoras crediticias, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, las primeras dos mantienen a México dos escalones adentro del grado de inversión mientras la tercera sólo uno.

Las tres le dan al país una “perspectiva estable” y por práctica general antes de bajar una calificación primero se revisa la perspectiva a negativa.

Standard & Poor’s ha dicho que hará una revisión en el cuarto trimestre del 2024.

Serrano comentó que en el escenario de que no se hagan cambios en Pemex y no se mejore la trayectoria fiscal, el tipo de cambio se depreciaría más a la mitad de la siguiente Administración.

Mencionó que los principales problemas en la economía mexicana son la informalidad, la evasión de impuestos y el modelo de negocio de Pemex. “Pemex es una empresa insolvente y sus pasivos exceden a su activos en 87 mil millones de dólares, ese es el hueco patrimonial.

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Es una empresa que pierde dinero aun cuando el precio del petróleo es alto”, expuso Serrano.

Datos de la propia petrolera da cuenta que en el segundo trimestre del 2024 registró una pérdida neta de unos 14 mil millones de dólares, principalmente por sus actividades de refinación.