POR: ÓSCAR MARIO BETETA
La imputación de Estados Unidos contra Raúl Castro Ruz por el asesinato de cuatro personas tras ordenar el derribo de una avioneta con una misión humanitaria en 1996 es una señal inequívoca de que se avecina un desenlace para un régimen que por casi 70 años ha asfixiado al pueblo cubano con su bota militar.
No en balde, el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, hizo el anuncio el 20 de mayo, fecha significativamente especial, porque ese mismo día, pero de 1902, Cuba se convirtió en República.
Todas las piezas están dispuestas para una eventual intervención –como la que llevó ante la justicia estadunidense al sanguinario dictador Nicolás Maduro–. Desde Washington se mandan señales de que solamente un cambio de rumbo en la política interna de la isla podría frenar la agresiva política exterior de Donald Trump.
La realidad es que la permanencia del régimen que instalaron los hermanos Castro –emanados de una guerrilla que traicionó al pueblo, como en Irán– depende de las Fuerzas Armadas, único cuerpo capaz de extirparlo.
Por eso el cerco en torno a Cuba se endureció desde enero pasado, cuando la isla comenzó a quedarse sin flujo constante de petróleo.
Según datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el flujo de combustible desde Venezuela, antiguo aliado energético, bajó casi un 40% tras la imposición de sanciones a Caracas.
Esto ha generado un impacto directo en la producción eléctrica, el transporte y la cadena de suministro de alimentos.
El desabasto de combustible en Cuba evidenció todavía más el fracaso de un sistema político y económico que en los hechos ha sumido a los cubanos en la miseria, mientras las élites políticas se han enriquecido.
La misma Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba reconoció que el producto interno bruto del país cayó un 2.2% en 2023, un retroceso que profundiza la crisis social y económica que enfrenta la isla.
Sin aliados y sin recursos propios, la isla y los servicios públicos básicos están colapsados, con apagones que duran semanas y un desabasto de alimentos que comienza a mermar todavía más a los ya de por sí castigados habitantes de la nación caribeña.
En informes de la ONU se indica que la inseguridad alimentaria afecta al 30% de la población cubana, y que la tasa de emigración se ha incrementado a niveles récord desde 2019, con más de 120 mil personas abandonando su país anualmente.
Para Estados Unidos, el escenario no sólo representa una crisis humanitaria, sino una oportunidad estratégica.
En términos geopolíticos, Washington enfrenta varias opciones para abordar la crisis cubana, que van desde el incremento de sanciones económicas y la presión diplomática para aislar aún más al régimen hasta una operación directa bajo la nueva Doctrina Donroe, lo que terminaría con la más arcaica y longeva de las dictaduras socialistas en el mundo entero.
El régimen cubano está en jaque, enfrentado a un desgaste que amenaza con remover los cimientos castrenses de una dictadura que parecía inamovible.
Para el pueblo cubano, la urgencia es palpable y el cambio, aunque lejano, parece cada vez más inevitable.
Si Trump no toma ventaja, Cuba no será libre.
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