Por: Saskia Niño de Rivera

La semana pasada se anunció la detención de uno de los presuntos responsables del feminicidio de Valeria Márquez. Es justicia. Y hay que celebrarla. Pero mientras leía la noticia no podía dejar de pensar en todos los casos que nunca llegan ahí. En todas las mujeres cuyos nombres nunca fueron tendencia.

En todas las familias que siguen esperando una llamada de la Fiscalía. En todas las carpetas que llevan meses, o años, acumulando polvo.

Porque en México hemos llegado a un punto peligrosísimo: celebramos las detenciones como si fueran extraordinarias. Y no deberían serlo. Deberían ser la regla.

La semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para fortalecer el combate al feminicidio. ¿Y las fiscalías, hasta cuándo?

No entiendo qué tiene que pasar para que volteemos, de una vez por todas, a ver a las fiscalías.

Seguimos hablando de aumentar las penas. Seguimos reformando leyes. Seguimos creando nuevos delitos. Y seguimos dejando intacta la institución encargada de investigar.

Basta con hablar con cualquier víctima que haya tenido que enfrentarse al sistema de justicia para entender que el problema no se resuelve únicamente con nuevas iniciativas o nuevas leyes.

El problema empieza mucho antes. Empieza cuando una denuncia tarda horas en ser recibida. Cuando una carpeta no avanza. Cuando no hay suficientes policías de investigación. Cuando no hay peritos.

Cuando un ministerio público tiene una carga de trabajo imposible. Cuando las víctimas terminan investigando su propio caso para que alguien las escuche.

La impunidad y la corrupción dejaron de ser la excepción hace mucho tiempo. Se volvieron parte del funcionamiento cotidiano de las fiscalías en este país. Y no porque no existan personas comprometidas. Las hay.

El problema es que llevamos décadas sin fortalecer las instituciones encargadas de investigar los delitos.

Hoy tenemos fiscalías rebasadas, con cargas de trabajo imposibles, personal expuesto todos los días a la violencia más brutal, sin condiciones laborales dignas y, muchas veces, sin atención a su propia salud mental.

El problema no está solo en las leyes. En México pueden ser avanzadas, pero sin fiscalías capaces de investigar, no sirven.

Una fiscalía rebasada no retrasa la justicia: la niega. Y en ese vacío, la impunidad deja de ser la excepción y se vuelve costumbre.

Hoy, en México, delinquir sigue siendo rentable. No porque las penas sean bajas. Sino porque las posibilidades de ser investigado, detenido y enfrentar consecuencias siguen siendo demasiado pequeñas.

Llevamos décadas apostándole al discurso punitivo. Y aquí seguimos. Con víctimas que sienten que denunciar no sirve. Con familias que creen que su caso sólo avanzará si logra hacerse viral. Con una sociedad que ya normalizó que la justicia sea la excepción.

No estoy diciendo que la iniciativa de la Presidenta esté mal. Estoy diciendo que no alcanza. Porque mientras no hablemos de una reforma integral de las fiscalías; de presupuesto, de profesionalización, de salud mental, de condiciones laborales dignas y de cargas de trabajo humanamente posibles, seguiremos obteniendo exactamente el mismo resultado.

Más víctimas sin justicia. Más carpetas archivadas. Más impunidad.

Llevamos años intentando resolver la violencia desde el final de la cadena. Castigando más. Aumentando penas. Reformando leyes. Y seguimos sin fortalecer a la institución que hace posible que exista justicia.

La verdadera pregunta no es cuándo llegará la próxima detención. La verdadera pregunta es hasta cuándo vamos a seguir ignorando a las fiscalías. Porque mientras las fiscalías sigan siendo el último tema en la agenda pública, la impunidad seguirá siendo el primero en la vida de millones de víctimas.