Ciudad de México.- La generación y suministro de energía eléctrica barata y limpia, los recursos que se destinen al fortalecimiento de esta red, la participación de la inversión privada en el mercado eléctrico y hasta las reformas que el Congreso de la Unión intenta aprobar, carecen de certeza o camino claro.

Las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó la Cámara de Diputados la madrugada del miércoles y que tendrá que ratificar el Senado, son el punto de partida de la incertidumbre que enfrenta el mercado eléctrico mexicano, advierten expertos consultados por Reporte Índigo.

De aprobarse las modificaciones a la industria eléctrica, propuestas por el Gobierno federal el primer día de febrero de este año con carácter de trámite preferente, se pronostica un escenario de defensas legales debido a que tienen elementos de inconstitucionalidad por afectar la competencia y la certidumbre jurídica, advierte Ramses Pech, asesor de la industria energética.

El especialista advierte que incluso ya hay precedentes en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la política de confiabilidad eléctrica de la Secretaría de Energía, en tanto que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa detuvo un acuerdo de esa misma dependencia que restringe la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos.

Este escenario repercutirá en la confianza de la inversión y hasta el cálculo en el destino de recursos públicos para poner en marcha el plan de negocios e infraestructura de la CFE.

Para adaptar la red eléctrica a los retos del futuro y asegurar el suministro de energía será necesario incrementar para 2022, aproximadamente 40 por ciento del presupuesto que se destinó para este año a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según cálculos elaborados por Pech.

“Ya deben de estar preparándose amparos y si ocurre (haciendo cálculos) en agosto se va a echar para atrás esta reforma, pero en septiembre la Secretaría de Hacienda tiene que entregar presupuesto 2022, la pregunta es ¿va a tener contemplado aumentar por lo menos el 40 por ciento de presupuesto para la generación, transmisión y distribución para el 2022, para que pueda cumplir con el plan que tiene la CFE y la política energética de esta administración?”, cuestiona Pech.

Con el cambio de reglas propuesto por la administración de Andrés Manuel López Obrador se prioriza el despacho de las centrales eléctricas a las hidroeléctricas de la CFE, después a las centrales eléctricas de la paraestatal, tales como la nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas, seguidas de Centrales de Ciclos Combinados de productores independientes. En tanto que las centrales eléctricas eólicas y solares, así como las de ciclos combinados de empresas privadas, estarían en tercer y cuarto término de prioridad.

Con este cambio de reglas, el gobierno federal pretende dar preferencia a las plantas de CFE para que puedan comercializar la electricidad a mayor volumen e incluso poder vender más al sector industrial y agrícola que representan mayores ganancias que el suministro doméstico, explica Pech.

Sin embargo, los esfuerzos por recuperar la capacidad de generación de la CFE, que también se advierten en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034, podrían ser insuficientes para garantizar el suministro básico de electricidad para toda la población, campo e industria.

Otro punto a considerar es que la CFE disminuyó hasta 11 por ciento su participación en la generación de energía al tiempo que los productores privados la aumentaron entre 2016 y 2019, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).