Ciudad de México.- Ante los cambios realizados por el Gobierno federal al sector de hidrocarburos, tres compañías estadunidenses presentaron una solicitud de arbitraje internacional en contra de México.

La petición, presentada ante el International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), el pasado 12 de mayo, trata una disputa por temas relacionados con los sectores de petróleo y gas, que invoca a lo establecido en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las empresas involucradas son Finley Resources, MWS Management y Prize Permanent Holdings, quienes realizan actividades de operación de instalaciones y servicios petroleros. Serán representadas por la firma Thompson & Knight.

El arbitraje tendrá la finalidad de proteger sus inversiones realizadas en el sector de hidrocarburos.

Pese a que México aparece como demandado, quien recibirá toda la información relacionada con el litigio será la dirección general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía (SE).

Esto ocurre días antes de la primera reunión entre las tres naciones firmantes del T-MEC para conocer sus avances.

El conflicto detonó luego de que el pasado 5 de mayo entró en vigor la reforma a la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en menos de un mes fue aprobada por el poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial.

Dentro de los cambios que contempla está la revocación y suspensión de permisos, la ocupación de las instalaciones por parte de Pemex y la suspensión de actividades a empresas si las autoridades consideran que se genera un riesgo a la seguridad nacional, energética y a la economía nacional.

La reforma Senado es aval

El pasado 29 de abril, el Senado aprobó el dictamen que le quita a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas que realiza Pemex, de primera mano, de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Se trata de una reforma al artículo 13 Transitorio de la Ley de Hidrocarburos que fue avalada en lo general y lo particular, con 68 votos a favor y 51 votos en contra, para eliminar dicha regulación en la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus organismos subsidiarios.