Ciudad de México.- El Gobierno federal y empresarios pactaron bajar 8% la canasta básica de 24 productos, de mil 129 pesos a mil 39, además de mantener subsidios a energéticos, congelar precios de autopistas hasta febrero de 2023 y dejar a la Iniciativa Privada controles sanitarios, para facilitar procesos.

Sin embargo, pequeños comerciantes, el Imco y el IMEF advirtieron que el programa enfrenta factores como el encarecimiento de los energéticos, el inminente invierno y las presiones internacionales por asuntos como la guerra en Ucrania.

Durante la mañanera, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios del sector de alimentos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó el plan para hacer frente a la inflación, en el que también destaca la limitación a la importación de maíz blanco, frijol y sardina.

El titular de Hacienda indicó que las empresas asumen el compromiso de no subir sus precios y que la Profeco estará atenta a los abusos.

“ Durante la vigencia del acuerdo, la autoridad suspenderá toda regulación que se considere puede impedir la importación de artículos, esto incluye aranceles y otros requisitos para el ingreso. Las empresas se comprometen a hacer las verificaciones necesarias”, indica el pacto.

Sin embargo, Consejo Coordinador Empresarial pidió abrir el plan antiinflacionario a otras empresas que están agrupadas en los organismos de la Iniciativa Privada, y no solo a las 20 que firmaron el pacto con el Gobierno federal.

“ Lo que nos preocupa es que nada más sean 20 empresas, y tiene que ser transversal para que todos podamos apoyar esta iniciativa”, señaló Francisco Cervantes, presidente del CCE.

Entre los firmantes del acuerdo están los capitanes de Atún Tuny, Grupo Pinsa-Dolores, Grupo Maseca, Minsa, Bachoco, Huevo San Juan, SuKarne, Grupo Gusi, Opormex, Sigma Alimentos, Walmart, Soriana, Chedraui, Calvario Huevo y Valle Verde.

‘Condenado al fracaso’

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes anticipó el rotundo fracaso del Paquete Contra la Inflación y Carestía 2.0, como ocurrió con su antecesor, al ser limitado y alimentado de incertidumbre internacional, adicionado por la presión en el alza de los energéticos por el invierno que se interpondrá.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, dijo que pretender controlar la fuerza del mercado en la temporada de mayor consumo -que es el último trimestre del año- resulta “incontenible”; mientras que la población más necesitada regularmente no consume las marcas de alimentos que se sumaron al Pacic reforzado.

Refirió que 4 de cada 10 mexicanos no alcanzan con sus ingresos para comprar sus alimentos, por lo que el poder adquisitivo de 43% de los trabajadores apenas cubre sus gastos básicos y 20% no lo logra. “Más del 60% de la población vive en la pobreza y marginación, al no tener poder adquisitivo”, resaltó.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que los efectos del Pacic lanzado en mayo pasado, y reforzado este lunes 3 de octubre por el Gobierno federal, serían “marginales” y podrían verse a partir de la segunda quincena de este mismo mes.

El presidente del IMEF, Alejandro Hernández, consideró que esta segunda parte del Pacic es un intento por contrarrestar los resultados de la inflación no logrados con el acuerdo de mayo, y que esta segunda parte se enfoca en el tema de alimentos, los cuales presentan niveles de inflación de doble dígito, muy por encima de la tasa general.

En tanto, el Imco señaló que el acuerdo carece de precisión y salta a la vista el hecho de pasar la responsabilidad de los órganos regulatorios (como la Senasica y la Cofepris) a la regulación privada, la verificación de la calidad de los productos, entre otras cosas que hacen incierta su efectividad.

“ El Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y la Cofepris están precisamente hechos para evitar riesgos sanitarios, garantizar sanidad, calidad. Eso es una responsabilidad del sector público”, argumentó Ana Bertha Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Imco.

Estará salud en riesgo al ‘liberalizar’ alimentos

El acuerdo del Gobierno federal con algunas empresas de alimentos en el que a las segundas se les otorgará una Licencia Única Universal, que las exime de permisos como los de Senasica o Cofepris para la importación y movilización de sus productos, podría poner en riesgo la salud de los consumidores.

Las regulaciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) están justificadas en la protección de la vida y salud de los consumidores, así como las del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) que también garantizan que los alimentos vegetales y animales ingresen al país en buen estado.

“ Cualquier error, incumplimiento, puede generar un problema de fondo en el país. Si se te mete una plaga porque no hay control o verificación de la autoridad vas a tener un costo increíble”, afirmó Juan Antonio Dorantes, socio director de Dorantes Advisors.

“ Sin un control de calidad de productos en un punto de venta o en alguna información que nos den las propias empresas beneficiadas, creo que sí estamos poniendo en algún punto en riesgo la salud de los mexicanos que consuman esos productos”, coincidió Balam Lammoglia, presidente del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior (Cencomex).