Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó y actuó contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ligada al cártel del Noreste –producto de una escisión de Los Zetas– que movía dinero de forma irregular.

Según Hacienda, estas acciones emprendidas tanto a escala internacional como nacional fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilegales.

El Tesoro estadunidense acusó directamente a tres personas físicas y a tres morales (empresas), entre las que está Jesús Raymundo Ramos Vázquez, a quien señala de hacerse pasar por activista para proteger a miembros del cártel del Noreste y fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército.

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Otro es Javier Islas Valdez, Crosty, acusado de ser operador de esta red en el sector de apuestas, con presuntas operaciones de lavado de dinero a través de casinos y participación en tráfico de personas. El tercero es Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que habría servido de intermediario entre miembros del cártel del Noreste, incluso desde prisión, para mantener la operación del grupo.

En el caso de las personas morales, las autoridades estadunidenses señalaron a Comercializadora y Arrendadora de México, firma que opera las casas de apuestas utilizadas por la red; así como a Casino Centenario, en Nuevo Laredo, identificado como punto utilizado para almacenar droga y lavar dinero mediante actividades de juego, y a Diamante Casino, con sede en Tamaulipas, vinculado a la misma operación y al uso de plataformas de apuestas para movilizar recursos ilícitos.

En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntó que “realizó el análisis económico, fiscal y corporativo de los sujetos”, con lo que identificó la operación de casinos bajo una misma estructura, así como transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, y movimientos de efectivo sin sustento.

Además, indicó que “se observaron posibles esquemas de evasión fiscal” por incumplimiento de obligaciones tributarias y por operaciones que no guardan proporción con los ingresos declarados. También detectó patrones en el sector de juegos y sorteos “presuntamente utilizados para el lavado de activos”.

Las sanciones aplicadas por el Tesoro implican el bloqueo de bienes y cualquier interés en propiedad dentro de Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con los señalados, como parte de una estrategia para afectar las fuentes de financiamiento del cártel y limitar su operación en la región.

Por su parte, Hacienda señaló que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos financieros y fiscales, y se dio aviso a la Secretaría de Gobernación para suspender actividades de los establecimientos identificados, con la finalidad de limitar el acceso al sistema financiero y cerrar espacios al uso de recursos ilícitos.

Rol central en el cártel del Noreste

El Tesoro de Estados Unidos detalló que las tres personas sancionadas “desempeñan roles centrales” en la operación del cártel del Noreste, al fortalecer su control en Nuevo Laredo y apoyar actividades como tráfico de fentanilo, contrabando de personas, lavado de dinero y extorsión.

En el caso de Eduardo Javier Islas Valdez, lo identifica como encargado de las operaciones de tráfico de personas del cártel en esa zona. Según el órgano estadunidense, supervisa a los traficantes, autoriza el cruce de migrantes hacia Estados Unidos y controla casas de resguardo de efectivo, lo que le permite sostener las operaciones transfronterizas del grupo.

Además, lo ubica como colaborador cercano de la cúpula del cártel del Noreste, con responsabilidad directa en la continuidad de sus actividades en la frontera entre México y Estados Unidos.

Sobre Penilla Rodríguez, el Tesoro destaca que en su calidad de abogado, brindó apoyo a integrantes del cártel más allá de una relación legal convencional, al fungir como intermediario entre líderes criminales, incluso desde prisión, lo que permitió mantener la operación del grupo.

En tanto, Ramos Vázquez es descrito como un colaborador del cártel que encabeza una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas, bajo la apariencia de activismo en derechos humanos, con el objetivo de defender a integrantes del grupo y desacreditar acciones de seguridad.

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