Ciudad de México.- La periodista deportiva Marion Reimers alzó la voz para denunciar que, a pesar de contar con un fallo judicial a su favor, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha implementado las medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En una conferencia de prensa realizada el pasado martes, Reimers detalló que la violencia en su contra comenzó hace dos años de forma digital y ha escalado hasta el plano físico. Acompañada por la asociación civil Perteneces, la comunicadora enfatizó el impacto real que tiene el acoso en redes sociales: “Es muy difícil que la gente comprenda que la violencia digital tiene efectos reales en nuestra mente. Más allá de mí, afecta a las mujeres que nos salimos de nuestros roles”, señaló.

Un precedente legal sin ejecución

En una entrevista concedida a El Universal, se detalló cómo el equipo legal de la periodista, encabezado por José Mario de la Garza, presidente de la ONG Perteneces, recurrió a un juicio de amparo ante la falta de respuesta inicial de las autoridades. El resultado fue la primera sentencia en México que reconoce formalmente que la violencia digital contra periodistas debe ser atendida con medidas de protección específicas.

Sin embargo, a pesar de que el litigio y seguimiento han tomado cuatro años, De la Garza denunció que no se ha ejecutado ni una sola acción concreta. Ante esta situación, hicieron un exhorto directo a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que el Mecanismo cumpla con su función de resguardar la integridad y la libertad de expresión de la periodista.

Trayectoria bajo fuego

Marion Reimers, quien inició su carrera en 2006 y fue la primera mujer en comentar una final de la UEFA Champions League, subrayó que la libertad de expresión es el valor que más aprecia en su profesión.

Actualmente, Reimers mantiene una presencia activa en medios como Radio Fórmula con el programa “Cancha completa”, además de participar en “Tercer Grado Deportivo” de Televisa. Pese a su destacada trayectoria y su labor como escritora y conferencista, la periodista sigue enfrentando un entorno de hostilidad que, según el fallo judicial, el Estado mexicano tiene la obligación de frenar.