Estados Unidos.- Decenas de prominentes líderes empresariales de Arizona exhortaron hoy a la legislatura estatal a dejar de lado la aprobación de leyes contra la inmigración indocumentada, porque afectan la economía y el turismo.

Unos 60 hombres de negocios, directores de las principales compañías en la entidad, además de grupos cívicos, firmaron una carta abierta al presidente del Senado estatal, Russell Pearce, para señalar que carece de sentido la aprobación de nuevas leyes migratorias.

“Reconocemos el deseo de entidades como Arizona de llenar el vacío de liderazgo dejado por la inacción federal en materia de inmigración, pero estamos convencidos de que no es prudente que la legislatura apruebe alguna legislación de inmigración adicional”, dijeron.

El documento advierte que se registran “consecuencias imprevistas” cuando el estado de Arizona “se va solo” contra la inmigración ilegal, incluyendo boicots y otros efectos negativos sobre las empresas.

Entre los firmantes de la carta, distribuida este miércoles, figuran directivos de la Cámara de Comercio de Phoenix y los ejecutivos en Arizona de compañías como Intel, Blue Cross Blue Shield, U.S.Airways, Nestle-Purina, PetSmart y Ernst & Young.

También hay empresas de la construcción, hospitales y de bienes raíces del estado.

Los hombres de negocio afirman en su misiva que políticas de inmigración conducidas por el libre mercado “pueden y deben ser desarrolladas por el gobierno federal”.

Pearce fue en 2010 el principal promotor en la legislatura de la controversial ley antiinmigrante SB 1070, que puso a Arizona a la cabeza de los estados que buscan restringir derechos a indocumentados.

En la actual sesión legislativa, y ahora como líder del Senado, Pearce dirige una nueva embestida antiinmigrante que busca aprobar proyectos de ley que podrían afectar a los indocumentados de una forma aún más grave que la SB 1070.

El Senado estatal está analizando al menos cinco enérgicas iniciativas que pretenden despojar y coartar derechos y servicios a todo extranjero que carezca de autorización para residir en el país.

Una de estas iniciativas, la SB 1611 diseñada por el propio Pearce, plantea múltiples cambios, entre ellos uno que establece un mecanismo para que las escuelas, colegios y universidades públicas detecten e informen a las autoridades de todo alumno indocumentado.

De aprobarse, la SB 1611 dejaría a los indocumentados imposibilitados de recibir cualquier beneficio público del estado, como la ayuda alimenticia a madres de escasos recursos con niños pequeños y otros.

También establecería castigos de 30 días de cárcel a indocumentados que se les detenga conduciendo un automóvil, aparte del decomiso del vehículo.