La noche del 26 de septiembre de 2014, los militares detuvieron a algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los llevaron al interior del 27 Batallón de Infantería. Luego los entregaron a un grupo criminal, que trasladó a varios jóvenes a otros sitios.

Allí los torturaron, los asesinaron, los destazaron. En el piso quedaron las marcas por los impactos de los golpes. Para deshacerse de los cuerpos, los disolvieron en ácido, los enterraron en fosas clandestinas, los cremaron en una funeraria.

Los militares trabajaban con los policías municipales, los federales, con personal del Poder Judicial. Juntos, cobraban en la misma nómina que los asesinos a sueldo, los vigilantes, los contadores, los distintos rangos del grupo criminal de Guerreros Unidos.

Trabajaron en equipo, en una “perfecta división de funciones”. Aislaron los accesos a Iguala, siguieron y acorralaron a los estudiantes. Algunos restos fueron esparcidos en distintos sitios cerca de Iguala. También consideraron un poblado llamado Coacoyula. Planearon que la Fiscalía local haría algunas diligencias, para “que los padres se conformaran”.

Luego el caso se volvió muy mediático. Sacaron los restos de donde estaban y los llevaron a otros sitios, más cerca del basurero de Cocula. La ciudad ya estaba llena de filtros. Los funcionarios que cobraban con Guerreros Unidos ayudaron a librarlos.

Destruyeron fotografías, negaron lo que habían visto. Destruyeron las posibilidades de identificar los restos. Todos fueron cómplices en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de los estudiantes. Estas son las conclusiones del pliego de consignación de 660 páginas que elaboró la Fiscalía del caso Ayotzinapa, cuyo contenido era inédito hasta ahora.

Obtuve una copia de este documento judicial, que la Fiscalía presentó el 16 de agosto a un juez del Estado de México. Con el pliego, la Fiscalía solicitó 83 órdenes de aprehensión, 20 contra militares. El juez consideró válidos los argumentos y las concedió, pero luego la Fiscalía pidió que cancelaran 21.

El pliego se basa en declaraciones de muchos testigos y pruebas periciales. Llega a conclusiones muy similares a las que llegó, usando otras fuentes, ahora cuestionadas, la Comisión para la Verdad encabezada por Alejandro Encinas.

La Comisión concluyó que al menos dos mandos militares del 27 Batallón de Infantería y tropa bajo su mando participaron activamente –no solo por omisión– en el asesinato de los estudiantes, y en el encubrimiento que vino después. La Fiscalía concluye algo similar, y agrega detalles sobre la posible participación de mandos del 41 Batallón.

Según el pliego de la Fiscalía, algunos criminales-funcionarios se comunicaban por Black-

Berry, unos más por mensajes de texto, otros por WhatsApp.

Uno de los testimonios más detallados es de un testigo protegido, que declaró en mayo de 2021. Señaló que mandos militares en Iguala, como el ahora general José Rodríguez Pérez y el capitán José Martínez Crespo, cobraban mensualmente un salario de Guerreros Unidos. Muchos militares y criminales se conocían desde niños, dicen los testimonios. Eran de los mismos pueblos, asistieron a las mismas escuelas.

El pliego no solo reconstruye los hechos basándose en declaraciones recientes. Usa muchas declaraciones tomadas en los primeros tres años después de la desaparición de los jóvenes. Desde aquellas declaraciones, en la Fiscalía se sabía que hubo participación del Ejército, pero nunca se siguió realmente esa línea, hasta ahora. Una declaración de 2017, incluida en el pliego, ya señalaba a Crespo y otros militares.

Pero a Crespo solo le pusieron una sanción menor, en diciembre de 2014. Esa sanción era otro detalle perdido en el viejo expediente de Ayotzinapa. Había “faltado a la disciplina militar” porque no incluyó unos detalles de esa noche en su reporte.

Quien firma la pequeña sanción es Rodríguez, otro de los militares ahora detenidos. Ambos mandos, dice el pliego de la Fiscalía, usaron sus cargos para cumplir sus labores a favor de Guerreros Unidos.

La participación del Ejército, el encubrimiento, está presente en todas las investigaciones actuales del caso a las que he tenido acceso.

Pero estuvo siempre allí, desde aquel otoño aberrante de 2014. Quizá estamos más cerca de entender qué pasó aquella noche en Iguala, en toda su dimensión y en todo su horror. Quizá siempre debimos mirar más adentro de los batallones.