Ciudad de México.- La nueva reforma eléctrica, que impactará a proyectos en los que se ha invertido cerca de 40 mil millones de dólares, afectará también a la banca mexicana , que ha estado involucrada en el sector.

“La banca nacional y extranjera, igual que fondos de inversión mexicanos e internacionales, más las Afores (Administradores de Fondos para el Retiro) tenemos dinero prestado e invertido en el sector eléctrico. Va a tener consecuencias seguramente”, dijo Luis Niño de Rivera, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México.

Según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la legislación provocará un sobrecosto anual de 60 mil millones de pesos en electricidad, por lo que el sector financiero mexicano, que financió grandes proyectos de energía en México está en peligro de colapsar, considera Regulo Salinas, presidente del organismo.

En tanto que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso, informó que están en riesgo más de 451 mil millones de pesos invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables. Además, de que 28 empresas que suman 8 mil 904 millones de dólares en inversiones, están en posición de exigir indemnizaciones.

Además, el efecto no solo será en los proyectos que ya existen, también en próximos, dijo Eduardo Osuna, director general y vicepresidente de BBVA México. “El impacto futuro de la inversiones me parece que está claro: mientras no haya reglas que faciliten esta incertidumbre jurídica en la inversión habrá una caída importante”, explicó.

Tan solo en las tres subastas eléctricas que abrió la reforma energética de 2013, y que la nueva legislación restringe, se invirtieron cerca de 9 mil millones de dólares, explicó Víctor Luque, socio de Atik Capital enfocado en finanzas
energéticas.

El experto expuso que los proyectos eléctricos del mundo tienen un apalancamiento promedio de 50% deuda y 50% capital, pero que en México hubo casos con una proporción de hasta 80% de deuda para impulsar los primeros proyectos.

Esto complicará la revisión retroactiva de contratos que pretende el Gobierno.