Ciudad de México.- Con el voto de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados avaló esta noche en lo particular la minuta de las reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que la oposición insistió en calificar de una ley antimemes, pero que el bloque de mayoría la defendió como una herramienta para el combate a la piratería y los fraudes realizados con el uso de emblemas institucionales en páginas apócrifas en internet.

Luego de casi 10 horas de discusión, el documento fue aprobado por 281 votos en favor, de Morena, el PT y el PVEM, y 83 en contra, de PRI, PAN y MC, y se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.

Aunque se registraron 177 reservas, en voz de 64 oradores, ninguna fue admitida para su discusión, en particular la que en diversos tonos presentaron diputados de oposición, en el sentido de precisar que la reforma no sancionará cartones periodísticos, memes ni afectará la libertad de expresión.

En la tarde, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que esa petición técnicamente no es viable, pues en una ley de carácter general, no se pueden incluir particularidades ni estar dividida para un sector. Afirmó que la ley no perseguirá a moneros o periodistas.

“Nunca se va a aplicar en contra de un periodista, si no hay delito alguno”, expresó Monreal.

Precisamente, a lo largo del debate, uno de los puntos que generó mayor controversia fue la redacción del artículo 403 bis de la LFPPI, en el cual se busca sancionar a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, con la intención de inducir a error o engaño para cometer un ilícito”.

A quienes incurran en ese delito, se les impondrían penas de uno a cinco años de cárcel y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización, esto es entre 117 mil pesos y un millón 173 mil pesos.

En defensa de la minuta, Elena Edith Segura (Morena) aseguró que en el citado artículo queda claro que sólo se castigará a quien use identidad gráfica institucional o documentos oficiales, lo haga a escala comercial –es decir, para obtener ganancias-, y su objetivo sea inducir a error o engaño, para cometer un delito, en particular el fraude.

Por su parte, el panista Luis Agustín Rodríguez Torres, hizo ver que esa redacción es ambigua y deja preguntas sin responder.

“¿Qué comprende exactamente la identidad gráfica institucional? ¿Un logotipo, una tipografía? ¿Cómo se determina la escala comercial cuando hablamos de documentos y comunicaciones gubernamentales? ¿Y qué significa con precisión la expresión: ‘intención de cometer ilícitos sobre el origen oficial’? Cuando está en juego la libertad de una persona, estas respuestas deben estar expresamente en la ley”, recalcó.

De igual forma, la oposición insistió en que, para evitar posibles conflictos legales, muchos creadores recurrirán a la autocensura, y en ese sentido los cambios legales sí afectarían la sátira, la parodia y la crítica política.

Cuestionaron por qué el bloque de mayoría se resistió a incluir un párrafo para especificar que las sanciones no aplicarían para quienes generen contenidos artísticos, periodísticos o educativos.