Ciudad de México.— Por unanimidad de 419 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de tipificar y tipificar de forma específica el reclutamiento forzado de menores de edad y adultos por parte del crimen organizado, contemplando penas de hasta 20 años de prisión.

La modificación legal establece un agravante que incrementará la pena hasta 10 años adicionales cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas, afromexicanas o en situación de movilidad (migrantes). Asimismo, la sanción se elevará si el delito es cometido por servidores públicos, exintegrantes de corporaciones de seguridad o miembros de las Fuerzas Armadas.

Erradicación del vacío legal

Durante la presentación del dictamen, la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) enfatizó que la ausencia de un tipo penal específico generó por años un vacío jurídico que diluía las investigaciones bajo figuras como corrupción de menores, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada.

” “Esta dispersión fragmentaba los casos y permitía que la conducta de quienes captan o incorporan personas a estructuras criminales quedara impune o diluida dentro de otros ilícitos. El reclutamiento se ejecuta mediante engaños, falsas ofertas de empleo, amenazas y violencia, aprovechando la vulnerabilidad de comunidades con alta marginación”, señaló Segura Trejo.

Por su parte, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) alertó sobre el incremento de la coacción a jóvenes a través de plataformas digitales y anuncios impresos con ofertas laborales engañosas. Destacó la necesidad de contar con un marco normativo que permita perseguir a los reclutadores al tiempo que brinda protección integral a los niños y adolescentes en calidad de víctimas.

Diagnóstico territorial y reclutamiento infantil

En el debate en tribuna, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) visibilizó la severidad del problema en entidades como Chihuahua, Guerrero, Sonora y Chiapas, donde se han documentado casos de reclutamiento forzado en infantes a partir de los siete años de edad.

” “En la sierra de Chihuahua, los niños de esa edad son forzados a incorporarse al cultivo de amapola por su agilidad. Ellos no son delincuentes, están ahí porque es eso o perder la vida. Son víctimas de un secuestro abierto”, denunció la legisladora.

Con la aprobación en la Cámara Baja, el dictamen fue remitido al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación, en un esfuerzo por frenar la capacidad de las organizaciones delictivas para engrosar sus filas a través de la coacción y la vulneración de derechos humanos.