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La Jornada
Publicado el lunes, 9 de febrero del 2026 a las 19:17
Ciudad de México.– En un paso decisivo para la consolidación de la nueva estructura del sistema jurídico mexicano, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) puso en marcha este lunes el primer proceso de evaluación para los 840 jueces y magistrados que resultaron electos mediante el voto popular el año pasado.
La jornada comenzó con la aplicación de un examen teórico-práctico, marcando el inicio de una fase diagnóstica obligatoria para los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Este ejercicio institucional responde directamente a la reforma constitucional promulgada el 15 de septiembre de 2024. De acuerdo con el TDJ, el objetivo central de estas evaluaciones es:
– Fortalecer la profesionalización de quienes encabezan los tribunales y juzgados.
– Garantizar la calidad en el desempeño de la impartición de justicia.
– Recuperar la confianza ciudadana a través de un sistema basado en la transparencia.
Ante las posibles críticas sobre el control del Poder Judicial, el órgano presidido por la magistrada Celia Maya García fue enfático al aclarar que este mecanismo no interfiere en la independencia judicial. El Tribunal subrayó que el proceso se centra en el desempeño profesional y administrativo, y no en el sentido o contenido de las sentencias y resoluciones emitidas por los juzgadores.
” “Evaluar a quienes imparten justicia es una oportunidad de mejora continua, actualización y fortalecimiento de capacidades”, señaló el organismo en un comunicado oficial.
El TDJ detalló que el modelo de evaluación es periódico y se divide en varias etapas técnicas diseñadas bajo criterios “objetivos y verificables”. Este proceso busca transitar hacia un modelo de justicia moderno que se someta a estándares profesionales rigurosos, alejándose de los esquemas de promoción interna del pasado.
Puntos clave del nuevo modelo:
1. Obligatoriedad: Todos los jueces y magistrados en funciones tras la elección popular deben someterse al proceso.
2. Instrumentos Técnicos: Las evaluaciones incluyen casos prácticos para medir la capacidad de respuesta y conocimiento del marco legal vigente.
3. Transparencia: Los resultados formarán parte del expediente profesional de cada servidor público ante el Tribunal de Disciplina.
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