La reciente decisión de Donald Trump de no prorrogar el T-MEC por 16 años, para someternos a revisiones anuales, es el golpe económico más severo del siglo para Coahuila provocado directamente por la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a romper sus pactos de impunidad con los integrantes de su grupo político.

Lo que debió ser un trámite de certidumbre comercial para consolidar el dinamismo de la región se convirtió en una amenaza de volatilidad financiera.

Y es que hoy, la estabilidad laboral y el crecimiento económico de millones de ciudadanos penden de un hilo, porque el Gobierno federal ha decidido priorizar la protección de sus políticos ligado a la corrupción, antes que salvaguardar el sustento de la nación.

Coahuila, como referente en el sector automotriz y manufacturero, se encuentra en una posición vulnerable.

La infraestructura industrial de las regiones Sureste, Laguna y Centro se desarrolló bajo la premisa de estabilidad a largo plazo, por lo que, sin la prórroga del tratado, las inversiones proyectadas mediante el nearshoring en municipios clave como Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón enfrentan el riesgo de desplazarse hacia mercados con mayor certidumbre jurídica.

Las cadenas de suministro de autopartes operan bajo reglas claras, por ende, la posibilidad de revisiones arancelarias anuales afecta directamente la competitividad. Este impacto se extiende a otros estados industriales como Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Querétaro.

Sin duda, la narrativa oficialista intentará disfrazar este fracaso comercial como un acto de soberanía frente al imperialismo estadounidense, pero los datos y el contexto apuntan a una realidad.

Diversos reportes señalan carpetas de investigación contra políticos del partido oficial, pertenecientes al grupo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La negativa de la Mandataria federal a entregar a estos personajes ante la justicia internacional revela su verdadera lealtad.

En el mejor de los casos, estamos ante un encubrimiento por disciplina partidista; en el peor, ante una participación directa en los pactos de complicidad. Resulta inadmisible que el bienestar de todos sea sacrificado para que un puñado de políticos corruptos mantenga una libertad temporal.

Aunque usted no lo crea, los analistas alineados al régimen esparcen un discurso absurdo: que es el momento para cambiar de giros y buscar horizontes económicos fuera de Estados Unidos; esta postura es un insulto a la lógica económica y geográfica.

No existe en el planeta un mercado que pueda sustituir la integración que tenemos con Norteamérica, por lo que exigirle a los productores y trabajadores mexicanos que se acomoden a una nueva y precaria realidad, sólo para no tocar a los intocables del régimen, es una desfachatez sin precedentes, ya que la verdadera solución es la aplicación de la ley.

En resumen: si las cosas continúan por este rumbo de cerrazón y destrucción económica, los ciudadanos tendremos la obligación cívica de empezar a exigir la renuncia de la Presidenta de la República, ya que, un Mandatario que incumple el mandato constitucional de velar por el desarrollo y el bienestar de los mexicanos, prefiriendo esconder a presuntos criminales, ha perdido toda legitimidad para gobernar.

Son ellos los que deberían estar buscando dónde esconderse de la justicia, y no nosotros de la realidad global.