La Voz del IMEF

Por:  Alejandro Flores Espinoza

La informalidad en México es sinónimo de la evasión de impuestos y de las responsabilidades patronales, así mismo quienes se encuentran en esta situación carecen de seguridad social, acceso a financiamiento y otros instrumentos financieros, en algunos casos incluso el acceso a la banca, dado que el manejo de efectivo es uno de los aliados principales de esta práctica.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre del 2023, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 28 de agosto, la Población Económicamente Activa (personas en edad de trabajar que participan en el mercado laboral) se integra por 60.2 millones de personas, lo cual representa 60.2% de la población en edad de trabajar, los cuales son 100.1 millones de personas.

Un total de 58.5 millones de personas se encontraban ocupadas, las cuales representan 97.2% y la población desocupada fue de 1.7 millones de personas, que integran 2.8%; hasta aquí estas cifras son alentadoras y reflejan un México sano en cuanto a ocupación y empleo.

Sin embargo, basta conocer que 32.3 millones de personas se encuentran en la informalidad laboral, para que se contrasten las cifras y se dimensione la magnitud del problema de la informalidad en México, que actualmente representa 55.2% del total de la Población Económicamente Activa.

En Coahuila, 1.6 millones de personas integran la Población Económicamente Activa, de las cuales 1.5 millones (96.30) se encuentran ocupadas, mientras que 57.6 mil personas (3.7%) se encontraban desocupadas, y un total de 525 mil (35.0%) permanecían en la informalidad.

Como podemos ver, la informalidad laboral en México, es un problema de grandes dimensiones, siendo Coahuila la entidad federativa con menor porcentaje con 35.0%, el cual contrasta con estados como Oaxaca (80.3%), Guerrero (78.1%) y Chiapas (76%) quienes reportan el mayor número de informalidad.

La magnitud de la informalidad laboral, integra a más de la mitad de las personas en edad de trabajar que participan en el mercado laboral.

Es hora de que el Gobierno, los trabajadores, los patrones, los empresarios y todos los grupos interesados, presenten propuestas que contribuyan a mejorar estos números.

Unas de ellas quizás podrían considerar incentivos para alentar la formalización, replantear el costo-beneficio de la carga tributaria de la formalidad partiendo de la premisa de que al aumentar la base se podrían disminuir los costos, simplificación fiscal, fortalecimiento de la fiscalización laboral, entre otras.

La informalidad laboral, sin duda alguna reduce los recursos fiscales de México y con ello merma las finanzas públicas y no permite que el crecimiento de nuestro país se acelere, es por eso por lo que es tiempo en que se planteen soluciones efectivas para mejorar la competitividad nacional, en busca del bien común.