Línea de Análisis

Por: J. Alejandro Robledo F.

Dos gobernadores más de Morena son investigados por Estados Unidos. No es una casualidad, es una lista. El pasado miércoles el medio estadunidense LA Times publicó que el Departamento de Justicia está investigando a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con el crimen organizado y por delitos como el tráfico de hidrocarburos (“huachicol fiscal”). Trascendió que a ambos les fue retirada su visa y se confirma que EU va por políticos mexicanos que colaboran con estructuras criminales.

Ante el escándalo hay que ver sus gobiernos emanados de pactos criminales y controlados por el crimen organizado. Durazo fue secretario de Seguridad Pública federal de López Obrador de 2018 a 2021, fue el encargado de implementar la política de “abrazos no balazos” que dio impunidad y tolerancia al crimen organizado. Llegó a gobernar Sonora en 2021 con la promesa de pacificar el estado y los datos cuentan otra historia: las desapariciones subieron 283% a 2024, el peor año registrado. Los homicidios incrementaron 105% respecto del periodo anterior. Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado se han mantenido en los primeros lugares del ranking de ciudades más violentas del mundo.

En septiembre de 2025, el periodista Carlos Loret de Mola reveló en el portal LatinUS que el hijo de Durazo hizo negocios con el Contralmirante prófugo de la justicia acusado de encabezar la red de huachicol fiscal más grande de la historia del país. Durazo hizo de la corrupción un modelo de Gobierno, y mientras el estado se desangraba, su hijo hacía los negocios.

En Tamaulipas no es distinto: Américo Villarreal ganó la elección de Gobernador en el año 2022, y también fue acusado en investigaciones, por la oposición y periodistas, de presuntamente haber pactado con grupos del crimen organizado para que le ayudaran a ganar, y por ser el facilitador para que los criminales, como el “Rey del Huachicol”, invirtieran en campañas morenistas del país.

Estos asuntos también son de interés para Coahuila, porque las redes de Villarreal y Durazo llegan a nuestro estado en forma de operadores y negocios. Américo Villarreal tiene a su hijo Américo Villarreal Santiago (conocido como “Ameriquito”), como delegado del Bienestar en Coahuila, puesto que su padre lo gestionó directamente con López Obrador durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Su objetivo era construir en Coahuila el proyecto a la Gubernatura de su ahora esposa, la senadora Cecilia Guadiana, utilizando los programas sociales federales y su dinero para ello. Sus propios compañeros de partido y actuales candidatos —Alejandra Salazar y Antonio Attolini— denunciaron el uso ilegal de los programas sociales, aunque callaron después por el acuerdo para que desde la delegación apoyaran sus aspiraciones. Otro caso es el del diputado y candidato Alberto Hurtado, que en dos años ha gastado millones de pesos en mercaditos, camioncitos y carnes asadas con recursos que él mismo presumía eran de “Amériquito”.

Durazo también tiene su “representante” en Coahuila en Ricardo Mejía Berdeja (autoapodado ridículamente “el tigre”) que fue su jefe de oficina en la Secretaría de Seguridad, luego Subsecretario de Seguridad y su principal operador. El que era el encargado federal de combatir los delitos como el huachicol, extorsión, secuestro, homicidios, fue el que los permitió, ya sea por omisión o complicidad.

Ricardo Mejía estaba más ocupado tratando de ser candidato a Gobernador de Coahuila por Morena en 2023, aventura que terminó en su refugio en el PT y su derrota. Otra de sus ocupaciones era conseguir, por la vía de exfuncionarios de CFE Energía, los contratos de carbón para su patrocinador Antonio “Tony” Flores, diputado local del PT. El operador de Mejía era Jorge Luis Morán y no les fue mal: juntos consiguieron 5 mil millones de pesos en contratos. Esto fue relatado por los propios carboneros que hacían negocios con Morán y que en 2022 lo denunciaron “por pedirles mucho dinero” en CFE en Ciudad de México ante funcionarios federales a los que no les tocó moche. (Entre esos carboneros están los favoritos del exdirector de Prodemi Lauro Villarreal; otra historia).

Ahí el interés de los morenistas por Coahuila: una frontera segura, aduanas (una con vías de ferrocarril, perfecta para el tráfico de hidrocarburos), carbón, gas, minerales y grandes extensiones de tierra.

Pero también debemos comparar al estado con otros gobernados por Morena: Coahuila registró en 2025 una tasa de homicidios dolosos de 2.2 por cada 100 mil habitantes (la segunda más baja del país). La tasa nacional fue de 17.5 por cada 100 mil habitantes (8 veces más que la de Coahuila). Los estados con la tasa más alta son gobernados por Morena: Colima 81.1, Morelos 54.4, Sinaloa 52.2%. (Datos: México Evalúa/SESNSP, 2026).

En materia laboral, Coahuila registró en el primer trimestre de 2026 una tasa de informalidad laboral de 33.3% (la segunda más baja de todo el país). La tasa nacional cerró 2025 en 55.4% (22 puntos porcentuales por encima de Coahuila). Los estados con mayor informalidad son gobernados por Morena: Oaxaca, con 80.1%; Guerrero, 77.2%, y Chiapas, 77%. (Datos: Inegi/Enoe, 2025)

En Inversión Extranjera Directa (IED) Coahuila aumentó 144% anual de 2024 a 2025, llegando a 1,177 millones de dólares. Sonora se desplomó 88.7% en 2024 y Tamaulipas cayó 87.2% al cierre de 2025. (Datos: IMEF / Secretaría de Economía, 2025).

También se debe reconocer que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido respetuoso de las instituciones, un gobernante responsable y de trabajo. La paz y estabilidad no llegaron solas a Coahuila, costaron. Quienes creen que el voto no importa o que “todos son iguales” deberían preguntarse qué pasaría si Coahuila comenzara a parecerse a Tamaulipas o a Sonora. Este domingo no es sólo una elección de diputados locales, es una decisión sobre qué tipo de estado queremos que siga siendo Coahuila.

Notas al margen

Muerto de pánico por la investigación de EU sobre Durazo y Villarreal, reapareció el expresidente López Obrador con una carta plagada de cursilerías y errores de sintaxis para recordarle a Donald Trump que cuando él fue Presidente de México siempre fue obediente y se portó bien. Durazo y Américo, y Rocha, de Sinaloa, fueron sus principales operadores y presuntamente con el crimen organizado.
AMLO apela a la cursilería como si la geopolítica se tratara de eso, pero sabe que las investigaciones de EU son para llegar a él, por: 1) su alianza con el crimen organizado, que vulneró la seguridad regional y continental; 2) su alianza con gobiernos antagónicos de EU, como China, Rusia e Irán, a los que permitió operar su espionaje y propaganda desde México; y 3) el negocio con petróleo venezolano con sanciones para financiar dictaduras, campañas y blanquear dinero del crimen, en los que participaron su gobierno y operadores.

*J. Alejandro Robledo F. es abogado, consultor y analista.