En un momento en el que en México se prohíbe el outsourcing, López Obrador le “outsourceó” la lucha contra la corrupción en México a nuestros vecinos. La detención del general Salvador Cienfuegos pone en el banquillo a mucho más que las Fuerzas Armadas, acusa al Estado mexicano.

La orden de aprehensión contra nuestro exsecretario de Defensa proviene del poderoso Distrito Este de la Fiscalía de Nueva York, el mismo que procesa a Genaro García Luna y que antes lo hizo con

“El Chapo” Guzmán.

Es posible que los elementos torales para cimentar el caso provengan de declaraciones de testigos protegidos o del mismo “Chapo”. Asumo que la Fiscalía no se lanzó a una detención de tan alto perfil sin elementos sólidos que seguramente provienen de la investigación de la DEA que, a pesar de su cuestionada reputación, en los últimos años ha desarrollado extraordinarias capacidades para intercepción de comunicaciones electrónicas.

En mi opinión, sería un error hacer acuse de recibo de un mensaje que no existe del Gobierno estadunidense. De aquel lado hay una administración que en manos de Donald Trump es casi tan disfuncional como la nuestra. Es altamente probable que el procurador general William Barr –aliado y patiño incondicional de Trump– no le haya prestado importancia al arresto del general a dos semanas de la elección presidencial, cuando medios como el New York Times atacan a su jefe por sus conflictos de interés durante su mandato.

Hoy, más que nunca, la presunción de inocencia importa. Ojalá que tanto Cienfuegos como García Luna tengan una defensa legal a la altura de una acusación que trasciende a sus personas. Me pregunto si el Estado mexicano puede darle la espalda al exsecretario de Defensa en un momento en el que las Fuerzas Armadas son el Estado. Es importante saber que se siguió el debido proceso al pie de la letra, si se comprueba su culpa, pues tendremos que lidiar con las consecuencias de estigma extremo para México.

Hay contradicciones en las acusaciones contra ambos. En el caso de García Luna, quizá se trate de un funcionario corrupto. Pero no tiene sentido que alguien tan cercano a las agencias de seguridad estadunidenses, y consciente de que tocar recursos provenientes del narcotráfico arruinaría la relación, tome ese riesgo.

Es importante recordar que, dada la naturaleza de su trabajo, él tenía acceso a enormes cantidades de recursos públicos por los cuales no tenía que rendir cuentas, pues se utilizaban para actividades confidenciales e incluso encubiertas.

Más aún, si tenía una cola tan larga, ¿por qué buscaría la ciudadanía estadunidense? En el caso del general Cienfuegos, existen contradicciones similares. Sí, tal vez se trate de dos personas extraordinariamente ambiciosas que se sintieron intocables, pero las contradicciones y los 50 años de estelar carrera del general merecen darle el beneficio de la duda.

En paralelo, sin embargo, urge que AMLO finalmente demuestre que va a luchar contra la corrupción con algo más que rollo estéril. México tiene que hacer su propia investigación en ambos casos (un escrutinio civil en el caso de Cienfuegos). Adelantémonos a algo que nos exigirán hacer, pues en caso de culpa se pedirá una purga antes de volver a colaborar con México en materia de seguridad.

AMLO usa al Ejército para mucho más de lo que debería porque es una entidad sin vigilancia legislativa; su opacidad operativa le acomoda. Cuando el ámbito militar era estrecho, no importaba la falta de supervisión civil. Ahora que el déficit de control se amplió, tocando a tantas más tareas, es un peligro grave. El supuesto era que no es una institución corruptible, y ya sabíamos que lo es, aunque menos que otras dada la seguridad laboral y las largas carreras de los militares. Pero sería una pesadilla que el narco sí haya corrompido al general Cienfuegos.

Ojalá que López Obrador le manifestara a funcionarios importantes de administraciones pasadas el mismo respeto que le muestra a “El Chapo” Guzmán, un narco asesino. Son inocentes hasta que su culpabilidad se demuestre en las cortes.