POR: JOSÉ ANTONIO CRESPO

 

 

Los obradoristas se quejan, con razón, de que algunos adversarios suyos (no todos) acusan a este régimen de dictadura, cuando sigue habiendo varias características democráticas (una democracia de baja calidad, pero aún democracia).

En efecto, no somos una dictadura gracias a la relativa fortaleza de algunas partes de nuestra democracia y la convicción democrática de millones de mexicanos (no todos, quizá ni siquiera la mayoría), que la han defendido.

Treinta años de democratización ha sido el mayor y más exitoso esfuerzo de nuestra historia en ese sentido. Y por eso algunas instituciones han resistido (no todas, muchas han desaparecido o han sido sometidas o debilitadas o controladas por el Ejecutivo).

La mayoría que los disidentes y opositores no decimos que ya seamos dictadura, sino que eso es lo que busca Morena, y no es acusación gratuita, y señales en ese sentido las hay por todos lados para quien las quiera ver.

Este Gobierno ha seguido en lo posible la directriz autocrática del Foro de Sao Paulo al que pertenecen, y cuyos más representativos gobiernos son sus aliados y amigos.

Se trata de, en lo posible, eliminar, debilitar o controlar todo contrapeso institucional, para concentrar el poder y así llevar a cabo “sin estorbos” su pretendida utopía social (como las que vemos en Cuba, Venezuela y Nicaragua).

Y es que ahí tienen un concepto distinto de democracia; a la democracia liberal-política le llaman “burguesa” y la descalifican como un sistema de privilegios.

La democracia que buscan es “popular”, es decir, enfocada en temas sociales y donde el poder se concentra en el representante único del pueblo, en cuyo nombre toma todas las decisiones sin contrapesos.

La reacción de los propagandistas de Morena ante esa advertencia (el riesgo de caminar hacia la autocracia) varía:

A) Quienes la niegan, diciendo que por el contrario la verdadera democracia inició en 2018 y lo que hubo antes (incluso la alternancia de 2000) era una mera simulación.

B) Quienes no les interesa la democracia política como tal, sino las becas, las ayudas y pensiones.

C) Quienes abiertamente reconocen que la división del poder y los contrapesos en efecto “estorban” al Gobierno popular para conseguir por completo su utopía social.

Justo a eso responde el famoso “Plan C”, mayoría calificada para Morena, rasgo esencial de los partidos monopólicos y autocráticos, que borran cualquier contrapeso al Ejecutivo. Se trata de controlar por completo el Congreso, eliminando en automático la división de poderes y con posibilidad de cambiar la Constitución al gusto del caudillo.

Y entonces, paradójicamente, legalmente se puede transformar una democracia en un sistema de partido monopólico (hegemónico o incluso único). Ha habido muchos casos, y justo ese riesgo enfrentaremos si gana Morena de nuevo.

No hay más que ver la reforma electoral que propuso AMLO y retoma Claudia Sheinbaum, de desaparecer a los diputados plurinominales, lo que le permitiría al partido mayor obtener, por ejemplo, 40% de la votación, que se traduciría, por ejemplo, en 75% de las curules (así hubiera ocurrido en 2018 bajo esa fórmula).

Esa era la ley electoral en 1960, en pleno priismo hegemónico, antes de que iniciara cualquier viso de apertura democrática. No quieren regresar siete años atrás con la oposición, pero sí 60 años, cuando el PRI hegemónico y la Presidencia imperial.

Muchos opositores se tranquilizan con que es casi imposible que Morena (aunque ganase la Presidencia, lo que no es seguro) consiga la mayoría calificada. Es prácticamente imposible.

Pero Claudia pronto podrá nombrar un Ministro de la Corte y al contar con la incondicionalidad de cuatro de los 11 ministros, puede hacer leyes secundarias (con mayoría absoluta) que contradigan la Constitución, y hacerlas valer en la Corte.

Ese es el riesgo si gana Claudia. No somos dictadura, pero podemos serlo dentro de no mucho.