El 18 de los corrientes se promulgaron las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Se modificaron los artículos 6, 68, 71 y 76, para incorporar límites a las agencias policiales y de inteligencia acreditadas en nuestro país bajo distintos acuerdos y tratados.

La permanencia de estos agentes extranjeros se basa en la necesidad de la cooperación bilateral para controlar y reducir la acción delictiva hemisférica e internacional de la delincuencia organizada, del narcotráfico, robo de combustible, trata de personas, lavado de dinero y terrorismo.

Los acuerdos suscritos por México, han permitido la asistencia y la colaboración de varios países en materia de seguridad pública, nacional y en la investigación y persecución de delitos. Así Francia, especialmente en la década de los 80 apoyó la modernización, la profesionalización y los controles de confianza con las corporaciones de seguridad. Con los EU, la relación ha sido
compleja y difícil.

Las reformas pretenden controlar y limitar en forma unilateral el desempeño de agentes extranjeros en territorio nacional, y darle sentido al intercambio de información y cooperación. Hasta ahora la DEA, agencia encargada de drogas que depende del Departamento de Justicia estadunidense ha ganado terreno sobre las autoridades nacionales hasta el punto de suplantar y actuar por encima de la Constitución y de las leyes nacionales, en un supuesto afán de “apoyar”
a México.

Sin embargo, está claro que no confían en las policías ni en el Ejército y la ausencia de reglas, provoca que los agentes de la DEA, manipulen y trabajen a su conveniencia. México, desde hace más de 20 años, ha optado por entregar delincuentes aprehendidos en México, pero buscados en EU, no importa que aquí hayan asesinado a cientos de mexicanos, que hayan secuestrado personas o traficado con drogas, nuestras autoridades han doblado las manos y los entregan sin juicio alguno. La razón radica en la corrupción y fragilidad de nuestro sistema de seguridad y justicia.

La reforma legal no resolverá el problema de fondo, pues crea un nuevo muro burocrático y agrega nuevos problemas y vulnerabilidades al flujo eficaz de información táctica operativa en asuntos de seguridad nacional, ya que la Cancillería se convertirá en un embudo.

Es un intento para lograr ese respeto a nuestro orden jurídico. Bien por ello, pero ¿debe ser la SRE la autoridad operativa, en algo que no conoce ni puede actuar con garantía de oportunidad y celeridad en las acciones que comprende?

El Gobierno requiere sentarse con la nueva Administración estadunidense y revisar los instrumentos bilaterales, obsoletos a partir del Tratado de Extradición, Asistencia jurídica mutua y Cooperación. El esfuerzo de ambos países debe enfocarse contra la violencia, la droga y la impunidad. Por lo pronto, Biden ya envió un mensaje en defensa del estado de derecho, la libertad, la democracia y las empresas.

Se debe humanizar la acción de los dos países, de manera especial con relación a los migrantes, víctimas de múltiples violaciones, asaltos y homicidios y de optimizar con eficacia la persecución de la criminalidad organizada trasnacional.

La población está cansada de las clásicas proclamas y conflictos del Presidente con la oposición y con los organismos internacionales. Biden parece estar predestinado a unir y reconciliar a la población estadunidense. Su ejemplo debiera propagarse a México. Urge un ambiente de paz social que propicie crecimiento y desarrollo. La oportunidad está al alcance del Gobierno.

*El columnista es notario y exprocurador

General de la República