Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda con el objetivo de sustituir el concepto de vivienda “digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, además de fortalecer las herramientas legales para enfrentar el déficit habitacional en el país.

El proyecto plantea establecer nuevos criterios para definir una vivienda adecuada, entre ellos la accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, disponibilidad de servicios, seguridad en la tenencia, adecuación cultural y ubicación, además de la existencia de materiales, instalaciones e infraestructura suficientes.

La iniciativa también propone impulsar la participación conjunta de los sectores público, social y privado, así como de instituciones que otorguen créditos o financiamiento, con el fin de ampliar las opciones para quienes buscan acceder a una vivienda.

De acuerdo con el documento enviado al Congreso, las instituciones podrán adquirir, rehabilitar, construir o demoler casas, además de financiar la autoproducción, urbanizar terrenos o incluso arrendar inmuebles, con el propósito de facilitar que las personas trabajadoras obtengan créditos accesibles y suficientes.

La propuesta se sustenta en lo establecido por los artículos 40 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el derecho a una vivienda adecuada y la responsabilidad del Estado de generar condiciones para hacerlo efectivo.

Déficit habitacional persiste

La iniciativa se presenta en un contexto en el que millones de hogares en México enfrentan carencias habitacionales. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 millones 855 mil 733 hogares se encuentran en condición de déficit habitacional, lo que representa 22.8% del total en el país.

El estudio identificó 932 mil viviendas con pisos de tierra, 6.68 millones con techos de baja calidad y 1.42 millones con muros deficientes. Además, cuatro de cada diez viviendas en rezago tienen más de 30 años de antigüedad.

Las carencias también se reflejan en los servicios básicos: 1.67 millones de viviendas carecen de drenaje adecuado, 1.25 millones no cuentan con agua entubada y 107 mil hogares no tienen acceso a energía eléctrica.

Estas condiciones se concentran principalmente en regiones del sur y sureste del país, donde el rezago habitacional es más profundo.

Mercado insuficiente para los sectores más pobres

En la exposición de motivos, la presidenta Sheinbaum señala que el mercado inmobiliario ha sido incapaz de atender a la población de menores ingresos, lo que representa una falla estructural derivada del alto costo de las casas, la baja rentabilidad para desarrolladores privados y la limitada oferta de financiamiento.

Con la reforma, el gobierno busca ampliar las herramientas del Estado para impulsar políticas habitacionales que respondan a las necesidades de la población trabajadora, especialmente de quienes hoy enfrentan mayores dificultades para acceder a un hogar.