En el segundo artículo transitorio, el proyecto presidencial plantea la cancelación de los certificados de energías limpias para generadores públicos y privados, pues argumenta que se han convertido en un negocio.

Actualmente, los privados que suministran energía deben cumplir con un porcentaje de energía eléctrica proveniente de energías limpias y es la CRE la que emite dicha aprobación.

No se trata de crear un monopolio, aclara la iniciativa, pues el artículo 28 constitucional señala que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, así como su rectoría sobre áreas prioritarias y se reintegra el concepto de electricidad como área estratégica del Estado”.

Bajo el argumento de que el marco legal actual establece un sistema eléctrico nacional que ha dado paso al despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado, se propone cancelar contratos de energía eléctrica y permisos de generación de privados, así como desconocer y anular figuras como la de productores independientes, centrales de subasta de largo plazo, centrales eléctricas construidas, a partir de la reforma energética de 2013, y centrales de autoabastecimiento.

Subraya que la generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento, que constituyen una ilegalidad, “no será reconocida ni adquirida por la CFE”.

Estas sociedades de autoabastecimiento, 239 monopolios privados con 77 mil 767 socios en total, tenían un despacho asegurado de 100%. Los excedentes de productores independientes no serán reconocidos.

El Estado, añade el texto, “no puede reconocer mecanismos flagrantemente ilegales”. Además, se cancelarán solicitudes pendientes de privados para la generación de electricidad.