Guadalajara, Jal.– La Fiscalía de Jalisco ha asestado un golpe al presunto esquema de corrupción en las Villas Panamericanas (hoy Conjunto Avaterra) con la detención de Heliodoro “N”, identificado como representante legal y directivo de las empresas fantasma supuestamente utilizadas para defraudar al menos 140 millones de pesos.

El arresto se deriva de una denuncia presentada por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial por un presunto desvío de recursos públicos destinados a la adquisición del conjunto habitacional.

Prisión preventiva y toma de control de empresas fachada

Durante la audiencia de imputación, la defensa de Heliodoro “N” solicitó la duplicidad del término constitucional. El acusado permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el próximo 7 de octubre, fecha en que se definirá su vinculación a proceso.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, a cargo de las indagatorias, ha identificado la participación de personas y empresas “fachada” mediante contratos y préstamos simulados. Como parte de la acción, la Fiscalía ha tomado el control de una de estas empresas y mantiene bajo resguardo 340 unidades habitacionales y dos áreas comunes de las villas para recabar evidencia.

El polémico historial de las Villas Avaterra

Las villas, construidas para los Juegos Panamericanos de 2011 en una zona de recarga de mantos freáticos en Zapopan, han sido objeto de polémica y litigios. El proyecto fue financiado de manera controversial con millonarios fondos provenientes de los ahorros de burócratas, a través del Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL) y del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI).

Aunque durante años la venta de los 942 departamentos estuvo paralizada, la reciente autorización judicial para su comercialización ha generado dudas sobre el futuro del patrimonio de los compradores. No obstante, el gobernador Pablo Lemus aseguró que el patrimonio de los nuevos dueños no se verá perjudicado mientras la Fiscalía mantenga el control del inmueble.

Recientemente se liquidó la sociedad entre las empresas privadas e institutos públicos. IPEJAL e IJALVI, a pesar de haber invertido el 75% de los recursos en la construcción, se quedaron con menos del 30% de los departamentos, recibiendo a cambio una “compensación” por $154.6 millones de pesos.