Saltillo, Coah.- La diputada Rocío del Carmen Ramos Moncada (PRI) advirtió que los consumos o cargos no reconocidos en tarjetas de crédito afectan a miles de familias, en tanto que los bancos ponen trabas para hacer los reembolsos a las personas afectadas.

“ La digitalización de los servicios financieros y el uso generalizado de tarjetas de crédito y débito han transformado la manera en que los ciudadanos administran su patrimonio. Sin embargo, este avance tecnológico ha traído consigo un preocupante incremento en los delitos financieros, dejando a miles de usuarios en una situación de vulnerabilidad ante las instituciones bancarias”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, entre enero y mayo de este año, los consumos no reconocidos en tarjetas de débito se posicionaron como una de las causas más frecuentes de reclamo en el país.

“ En tan sólo cinco meses, se registraron 16 mil 922 asuntos relacionados con esta problemática. Las modalidades detrás de este ilícito son diversas y cada vez más sofisticadas, destacando la clonación de tarjetas, el robo o extravío, y principalmente las transacciones no autorizadas en plataformas de comercio electrónico”.

Para los ciudadanos, un cargo no reconocido no es sólo una estadística. Representa un golpe directo a la economía familiar, la pérdida de la quincena o el endeudamiento injustificado.

“ Si bien existe un marco normativo que protege al usuario, el cual establece un plazo de 90 días naturales para presentar la reclamación, la obligación del banco de realizar un abono provisional en un máximo de 48 horas y un límite de 45 días naturales para emitir un dictamen final, la realidad operativa es muy distinta”.

Los bancos, añadió, imponen trabas burocráticas y emiten negativas carentes de fundamentos técnicos o buscan lagunas legales para evadir la obligación del abono provisional.

“ No podemos permitir que la carga de la prueba y el desgaste administrativo sigan recayendo injustamente sobre la víctima del fraude, mientras las instituciones financieras dilatan los procesos de resolución”, indicó.

Por ello, el Congreso del Estado pidió a la CONDUSEF y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reforzar los mecanismos para garantizar que los bancos cumplan con la normatividad al respecto.