Ciudad de México.-  Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento desmedido del huachicol en todas sus modalidades fue evidente, por lo que resulta imposible imaginar que el entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estuviera ajeno a dicha problemática.

Y ante la decisión del propio López Obrador de entregarle el control de las aduanas de los puertos a la Armada de México, expuso a los militares al poder corruptor del crimen organizado.

Tratándose de un negocio multimillonario, es impensable que el círculo más cercano del poder, incluido el Presidente, desconociera la magnitud del problema o la operación de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita, que incluso hasta hoy ha “cobrado” la vida de por lo menos cinco elementos de la
Marina.

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Por el contrario, los datos reflejan que las tomas clandestinas se multiplicaron, los decomisos aumentaron y los grupos criminales se sofisticaron en sus métodos de extracción y distribución.

El cuestionamiento central es contundente: si el Gobierno de López Obrador llegó con la promesa de poner fin al huachicol, ¿cómo explicar que, con todo el aparato del Estado bajo su mando, la práctica ilegal no sólo persistiera, sino que se consolidara en estos años?

La duda se instala en el terreno político y social: ¿hubo incapacidad, omisión o, como un solapamiento deliberado desde las más altas esferas del poder?

Cifras oficiales de Petróleos Mexicanos aseguran que el número de tomas aumentó 71% en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y aunque se reportó una reducción de estas en 2024, con 11 mil 774, frente a las 14 mil 890, de 2023, la tendencia general durante el sexenio de López Obrador fue al alza.

Incluso, Pemex reconoció en sus informes que estas actividades delictivas aumentaron y continúan afectando sus operaciones y situación financiera.

Tan sólo en el primer trimestre de 2025, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, reportó 2 mil 444 tomas clandestinas de hidrocarburos, una reducción del 19.5% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Hidalgo fue la entidad con más casos (610), seguida de Jalisco (453), Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro.

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Frenan captura

Un juzgado federal frenó temporalmente la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia por supuestamente liderar una mafia de marinos que controlaba el huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.

José Alberto Rodríguez Rivera, secretario en funciones de titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión al sobrino político del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.

El juzgado le fijó el pago de una garantía de 49 mil pesos para mantener vigente la protección judicial y también le impuso un plazo de tres días para presentarse a una audiencia inicial ante el juez Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El 19 de agosto un juez federal ordenó la aprehensión de 13 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, en los dos últimos años.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías y otros 10 imputados ya fueron internados en el Penal del Altiplano. 

Sólo están prófugos el contralmirante Fernando Farías y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, “El Capitán Sol”.

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Procesan a funcionario 

Por otro lado, un juez federal vinculó a proceso Francisco Javier “N”, exgerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Tampico, por supuesto involucramiento en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en ese puerto y Altamira.

Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, procesó al funcionario por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en el mismo caso de la presunta red de corrupción que encabezaban el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando.

En una audiencia de seis horas, el juzgador le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano y estableció un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, mismo en que las partes deberán reunir sus datos de prueba para un eventual juicio.

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