Ciudad de México.- El Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas que proponen desaparecer el Sistema CompraNet y permitir que dependencias públicas y proveedores dialoguen con la finalidad de intercambiar información y generar mejoras en los procesos de contratación.

Los proyectos expiden la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y modifican la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social Solidaria, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las iniciativas, que modifican el sistema de compras y contrataciones del sector público, proponen la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas en sustitución de CompraNet, con el objetivo de automatizar todo el proceso de contratación pública, incluida la suscripción de contratos por medios electrónicos.

“A diferencia del Sistema CompraNet, no sólo será un repositorio donde se almacenen documentos e información, ni se enfocará solamente en funcionalidades aisladas, sino que permitirá una transformación digital que involucra todos los procesos que componen el ciclo de la contratación pública”, indica.

La Plataforma contará con una Tienda Digital del Gobierno Federal, mediante la cual se realizarán adquisiciones de bienes y servicios de uso común y generalizado -como agua y artículos de oficina- de manera ágil y expedita a través de órdenes de suministro y servicio y no de los mecanismos tradicionales de contratación.

Propone también incorporar dos nuevos esquemas de contratación pública: el diálogo competitivo y la adjudicación directa con estrategia de negociación, que serán llevadas a cabo por la Secretaría de Hacienda con autorización de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La figura del diálogo competitivo es un procedimiento que le permite a las dependencias y entidades contratantes intercambiar información con los candidatos y postulantes participantes a fin de que éstos últimos ofrezcan soluciones que se adapten a las necesidades del contratante.

La Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación es un procedimiento de excepción a la licitación pública y a la invitación a cuando menos tres personas que podrá usarse en casos de urgencia ante acontecimientos imprevisibles, como una emergencia sanitaria, con el objetivo de resolver asuntos que no admitan demora debido al riesgo de causar daños o perjuicios graves al Estado.

Además, propone incluir la figura de Diálogos Estratégicos que consiste en la posibilidad de dialogar con proveedores con la finalidad de intercambiar información relativa a bienes y servicios susceptibles de ser contratados, así como sus condiciones de entrega, beneficios, precios y lugar de entrega o prestación.

Su uso, se señala, será delimitado, ya que tendrá una duración máxima de 10 días naturales, prorrogables por un periodo semejante.

Se propone también la implementación de la “oferta subsecuente de descuento en los procedimientos de contratación”, conocido también como “subasta inversa”, que permite a los licitantes presentar, con posterioridad a la entrega de sus ofertas económicas, una o más ofertas subsecuentes de descuento para mejorar el precio inicial, sin que esto signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente establecidas.

En materia de compras consolidadas, establece que la Secretaría Anticorrupción estará a cargo de la planeación estratégica y transversal, mientras que la Secretaría de Hacienda será la ejecutante de las compras, los procedimientos consolidados de contratación y la adjudicación de los respectivos contratos.

Hacienda, con la participación de la Secretaría Anticorrupción, elaborará las investigaciones de mercado de los bienes y servicios aprobados por el Comité de Contrataciones Estratégicas, que se creará como la instancia encargada de aprobar los bienes y servicios susceptibles de ser adquiridos, arrendados o contratados de forma consolidada, los cuales serán propuestos por Hacienda.

Además, delimita las contrataciones entre entes públicos, al elevar a rango legal la circular del 6 de noviembre de 2017, que establece que para este tipo de procedimientos, deberá realizarse una investigación de mercado que permita justificar que la mejor alternativa de contratación es con otro ente público.

También incluye las Sociedades Cooperativas, organismos del sector social de la economía, Mipymes y empresas constituidas por grupos de atención prioritaria en los procedimientos de contratación.

Se plantea, además, modificar la denominación de los “contratos marco” por “acuerdos marco” para seleccionar a los posibles proveedores que, una vez calificados, serán los únicos con los que las dependencias y entidades podrán contratar bienes, arrendamientos y servicios previstos en dicho acuerdo.