EdoMex.- La Fiscalía de Justicia del Estado de México sigue investigando presuntos actos de corrupción y malversación de fondos públicos cometidos durante administraciones anteriores.

Luis David Fernández, subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno del Estado de México, presentó un paquete de denuncias penales ante la Fiscalía de Justicia de la entidad en contra de varios ex servidores públicos que laboraron en las administraciones de Eruviel Ávila y Enrique Peña Nieto, luego de encontrar elementos para determinar delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, fraude, robo, abuso de autoridad y delitos contra la hacienda pública.

Dichas indagatorias, lideradas por el subsecretario de Control y Auditorías, están enfocadas en desentrañar una red de corrupción que habría operado bajo el amparo de altos funcionarios del gobierno estatal.

Entre los principales investigados se encuentran Gamaliel Cano García, ex contralor interno en la Secretaría de Finanzas, y Carlos Enrique Verduzco, quienes, a través de su despacho Avanta Abogados, habrían fungido como operadores clave en la red de corrupción liderada por el ex gobernador Eruviel Ávila. Se ha descubierto que estos individuos mantuvieron vínculos con empresas como Gaslow, la cual adquirió más de cinco propiedades en Texcoco bajo el nombre de Pablo Martínez Cano, un operador financiero clave, en circunstancias que sugieren un posible lavado de dinero, mediante contratos inflados y pagos irregulares.

Además, las investigaciones han revelado conexiones entre Gamaliel Cano García y las empresas Diseño y Construcción, y Celefriks, que estarían implicadas en la adjudicación fraudulenta de contratos gubernamentales. Estas compañías, junto con Procesblack y Espacio y Volumen Hábitat, compartían un patrón de transferencias irregulares de propiedades, lo que sugiere que podrían haber sido utilizadas para ocultar el patrimonio de terceros involucrados en la red de corrupción.

Según las indagatorias, este esquema de corrupción no solo facilitó el desvío de recursos públicos, sino que también permitió a los involucrados enriquecer sus patrimonios personales mediante actividades ilícitas. Se espera que estas investigaciones, que ya han avanzado considerablemente, revelen en los próximos meses nuevos detalles sobre las irregularidades cometidas durante las administraciones anteriores, arrojando luz sobre la magnitud de la corrupción en el Estado de México.

También dieron a conocer que dentro de las acciones de control y evaluación que se han llevado a cabo desde el primero de septiembre de 2023 al 31 de mayo de este año, se realizaron 842 auditorías, 4,200 inspecciones, 6,435 testificaciones, 3,830 reuniones, 229 acompañamientos en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos y 91 seguimientos, lo cual representa 15,628 acciones en solo nueve meses.